Cambio de fecha de inicio de la Liga de Perú, debido al Estado de Emergencia en dicho país

El inicio de la Liga de Perú ha sido postergado para fines de enero próximo, tras la declaración del Estado de Emergencia nacional a raíz de la crisis política y social que afecta al país andino.La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informaron, en un comunicado, que la decisión se tomó luego de que el gobierno de Perú declarara este miércoles el Estado de Emergencia por un plazo de 30 días."Se decide posponer el inicio de la Liga 1 2023 para el 21 de enero de 2023", señaló el comunicado tras recordar que durante el Estado de Emergencia "quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, entre otros".En principio, los organizadores del torneo peruano habían informado que la Liga 1 iba a comenzar durante la segunda semana de enero y terminar a inicios de noviembre, ya que luego Perú será la sede del campeonato mundial de fútbol Sub-17, del 10 de noviembre al 2 de diciembre.La crisis política y social que sufre Perú también ha afectado actividades de equipos profesionales como el Universitario de Deportes, que tuvo que suspender la "Noche Crema", como denomina a la presentación oficial de su equipo, al no recibir la autorización de seguridad del Ministerio del Interior.Los directivos de la U informaron que el partido amistoso programado para el próximo 7 de enero frente al Aucas de Ecuador en el Estadio Monumental fue suspendido, además de un concierto que también se había anunciado como parte de la presentación del equipo que dirige el argentino Carlos Compagnucci.El Ministerio del Interior (Mininter) desaprobó el plan de seguridad que había planificado la U para su presentación "debido a la situación sociopolítica que viene atravesando" el país.El Gobierno de Perú decretó este miércoles el Estado de Emergencia a nivel nacional para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta desatadas tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido tras ser destituido por el Congreso.El Ejecutivo adoptó esta medida después de cuatro días de violentas manifestaciones en varias regiones del país que, hasta el momento, han dejado ocho fallecidos, más de 200 policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.