Las Naciones Unidas condenaron a
Perú
por violar los derechos de una niña indígena víctima de violación, al no garantizarle el acceso al aborto.
Además de ello,
comenzaron a procesarla penalmente por autoaborto
, sin tener las pruebas suficientes para ello. En Caracol Ahora, una experta relató el caso y explicó el panorama actual de la salud reproductiva de las mujeres del país y qué implicaciones tiene el fallo.
Camila (seudónimo usado para proteger la identidad real a la menor implicada) nació en Huanipaca, una zona rural de la sierra peruana. A los 9 años comenzó a ser violada por su padre, hasta que en 2017, a los 13 años de edad, quedó embarazada.
Un familiar la llevó a un hospital, donde en medio del llanto manifestó al personal de salud no querer tener un hijo de su progenitor ni estar embarazada, algo que repitió en reiteradas visitas médicas posteriores, en las cuales, a pesar de ver el deterioro a la salud mental que esta situación le estaba provocando, nunca fue informada de que podría solicitar un aborto terapéutico, algo avalado por las autoridades del país.
"El personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares ignorando el estado de Camila. Cuando Camila no acudía, el personal médico se personó varias veces a su casa, en ocasiones acompañado de agentes de policía, para presionarla a que continuara con el embarazo, lo que provocó su estigmatización y acoso en su familia y comunidad y la obligó a abandonar la escuela y, más tarde, su pueblo", describió la ONU.
Al poco tiempo sufrió un aborto espontáneo, siendo posteriormente acusada y condenada por el delito de autoaborto sin pruebas, más allá de sus manifestaciones de no desear continuar con el embarazo. Así mismo, señaló ser acosada por la fiscal que llevaba el caso de su violación, desviando en repetidas ocasiones la investigación.
En 2020, en compañía del Movimiento Son Niñas No Madres, interpuso una demanda contra el Estado por el trato brindado. Tres años después del comienzo del litigio, la ONU condenó a Perú por vulnerar los derechos de Camila, argumentando que obvió los evidentes riesgos para la salud y su vida.
Reina Uzcátegui Oviol, oficial senior de Programas de Planed Parenthood, entidad fundadora del movimiento Son Niñas No Madres, explicó que la situación de abuso que afrontó Camila, lamentablemente, se repite en muchos casos. Además de ello, señaló que el hospital falló con los protocolos para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Analizando el panorama nacional, admite que desde 2014, año en el cual fue reglamentado el aborto terapéutico, no se han tenido avances significativos en el tema, "con lo cual tenemos un ambiente claramente restrictivo".
Uzcátegui explicó que, con el pronunciamiento de la ONU frente al caso de Camila, el Estado peruano deberá reparar a la víctima, despenalizar el aborto en todo el supuesto de embarazo infantil y modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico, entre otras acciones que permitirán garantizar el acceso a dichos procesos para todos.
"Se vienen noticias, esperamos muy positivas, en relación con los derechos de las niñas y adolescentes en nuestra nación y en el mundo", concluyó la experta.
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