Suspensión proyecto de gas Uchuva 2: "No podemos permitir que nos apaguen el país"

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) hizo la advertencia sobre las consecuencias que podría tener para Colombia la suspensión del proyecto Uchuva 2.

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Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el tema del contrato que se cayó por decisión de un juez.

“Estamos hablando de un contrato suscrito hace 20 años, en 2004, donde son socios Ecopetrol y Petrobras. En los años 2006, 2019 y 2023, el Ministerio del Interior certificó que, para este proyecto, no se necesitan consultas previas porque no hay comunidades que estén en zona de influencia del proyecto”, explicó Pearl.

"Es probable que tengamos desabastecimiento (de gas)"

El presidente de la ACP advirtió que “es muy posible que el año entrante, en el segundo trimestre, tengamos algo de desabastecimiento al interior del país y este contrato nos daría 18 años más de reservas, con la posibilidad de conectar el gas a la Costa y al interior”.

Frank Pearl sostuvo que la determinación del juez para frenar el proyecto Uchuva 2 “es una decisión arbitraria y este tipo de decisiones están apagando al país. Nosotros no podemos permitir que nos apaguen el país, especialmente, cuando estamos en una situación de riesgo de desabastecimiento para los años que vienen”.

¿Exploración de gas afecta a los pueblos indígenas?

En cuanto a la afectación que habría para los pueblos indígenas, el presidente Pearl manifestó que “Petrobras viene trabajando hace 20 años en ese proyecto y no se ha registrado ningún impacto ni incidente. Eso quiere decir que se utilizan las mejores prácticas ambientales y sociales”.

Pearl aclaró que “el proyecto está a 31 kilómetros de la costa. A 31 kilómetros de la costa no hay ninguna actividad de pesca artesanal por parte de las comunidades indígenas. Entonces, ahora hay una pretensión de una comunidad y un juez desconociendo la distancia del proyecto con la costa, dónde de realizan las actividades y desconociendo los análisis anteriores del Ministerio del Interior, que tres veces, en 20 años, ha certificado que no se requieren consultas previas. Los fallos de los jueces tienen que respetar la institucionalidad y, en este caso, eso no está sucediendo”.

El presidente de la ACP puntualizó que la decisión del juez “está poniendo en grave riesgo el suministro de gas para Colombia. Este proyecto nos daría la posibilidad de tener una oferta de gas suficiente para abastecer las necesidades que tenemos en Colombia. Entonces, aquí lo que tenemos que reclamar es que los pronunciamientos de los jueces no pueden ir en contra de los estudios y de las evidencias, únicamente, por tener intereses que desconocemos y que les hacen daño a 36 millones de colombianos que consumimos gas todos los días”.

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