El Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre su cruzada para poner en cintura a las plataformas digitales que usan sin control alguno, y para todo tipo de fines, los datos personales de millones de colombianos.
El funcionario también reveló por qué adelantará una investigación contra diez clubes de fútbol colombiano y la Dimayor.
Lea la entrevista que el director de Noticias Caracol le hizo al Superintendente de Industria y Comercio.
Juan Roberto Vargas: Hubo visitas de delegados de la SIC en las puertas del estadio Metropolitano, ¿qué estaba revisando?
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Andrés Barreto: Empezamos a recibir quejas de ciertos consumidores que alegaban situaciones que se presentan en los partidos. Uno, que no encontraban boletas; dos, que las boletas estaban muy caras, o tres, fenómenos como la reventa que a veces se da en el voz a voz en la puerta del estadio.
Hemos encontrado que las personas empezaron a intercambiar los códigos QR tratando de ver si podían falsear el sistema de escaneo de la tiquetera. Segundo, que muchas personas llegaban a la puerta del estadio a ver si podían acceder a la reventa de las boletas, que no es un fenómeno deseable. Tercero, a pesar de ser un espectáculo masivo deberíamos mejorar el tema del ingreso y el aforo para evitar situaciones como las asociadas al tema del COVID.
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Juan Roberto Vargas: ¿Qué han encontrado ustedes en el derecho deportivo de los jugadores? Ha habido muchos jugadores que se han quejado de que los vetan porque exigen sus derechos.
Andrés Barreto: Este año recibimos una denuncia de Acolfutpro y de su apoderado respecto a que posiblemente hay restricciones a la competencia en el mercado de los jugadores de fútbol. Eso tiene que ver con varias situaciones. Primero, los jugadores para poder jugar obviamente necesitan un contrato laboral con el club y también para generar esos espacios existe este mundo de los agentes e intermediarios de los jugadores y sus contratos y lo que se llama los pases de fútbol.
En Colombia, presentándose una situación similar, esta asociación presentó una queja señalando que se estaba restringiendo la posibilidad de los jugadores de ir directamente a negociar con el club su contrato; dos, que potencialmente se estaba restringiendo el mercado de los agentes intermediarios enviando a unos pocos la posibilidad de ir a negociar en el club, o tres, una lista negra donde si los jugadores quieren terminar el contrato, los vetan para ir a buscar a otro equipo y también que si deciden que no quieren terminarlo por justa causa, quedan rehenes del club hasta tanto no le suelte los derechos.
Es un mercado interesante porque es el mercado de los pases de los jugadores y el 26% de los ingresos de los equipos proviene del pase de los jugadores.
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Después de la queja que presentó Acolfutpro con su apoderado, de las evidencias que nos mandaron, pudimos constatar tres cosas: uno, que desafortunadamente hay contratos laborales de “esos trabajadores” jugadores de fútbol que traen unas cláusulas que podrían violar la competencia; dos, que hay un mercado de jugadores que está rehén de ciertos intermediarios que son los únicos que podrían tranzar o negociar con los clubes y si los clubes no quieren negociar con ese agente intermediario no pueden acceder al jugador, y tres, jugadores que no quieren jugar más en el club o que quieren dar por terminado el contrato y no se los permitan porque los vetan del mercado del fútbol.
Entonces, esas serían las tres líneas para concluir que hay una práctica restrictiva en el mercado donde se restringen los pases, los derechos de los jugadores y hay un mercado significativo porque el 26% de los ingresos proviene de ello.
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Juan Roberto Vargas: Alguna vez los agremiados de la asociación que menciona hablaban de esclavitud.
Andrés Barreto: Asociado al hecho de que es imposible que en un sistema democrático no pueda dar por terminado mi contrato o que si decido darlo por terminado me veten. Es como si yo no pudiera ejercer mis servicios profesionales de abogado porque me voy de una firma y mañana todas las demás firmas se conciertan para no contratarme o para no dejarme ir de la firma en la que estoy.
Juan Roberto Vargas: La investigación que se va a abrir es contra quiénes.
Andrés Barreto: Diez equipos profesionales de fútbol y potencialmente la Dimayor.
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Ahí están, que recuerde yo, Boyacá Chicó, Tolima, Alianza Petrolera, Envigado y seis más que se me escapan en este momento.
Juan Roberto Vargas: Si se comprueba, si se establecen esos cargos, ¿en qué puede terminar?
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Andrés Barreto: Con esta apertura de la investigación, los equipos pueden voluntariamente venir ante la autoridad y someterse a un programa de beneficios por colaboración, si es que han violado la ley y quieren aceptar los cargos. Eso de alguna manera les evitará una investigación y la imposición de una multa, presentando unas garantías, un programa de cumplimiento o evitando entrar en las prácticas.
Si definitivamente vamos para la investigación y se abre el caso, que se va a abrir, y se adelanta la investigación y se comprueba su responsabilidad hay dos situaciones: se lleva el caso a la junta asesora de competencia y ahí tomamos la decisión que deriva en la imposición de unas multas como pasó en el caso de las reventas de fútbol, que es más o menos el mismo esquema.
Juan Roberto Vargas: El mismo sistema operaría para la Dimayor.
Andrés Barreto: Claro, sería un investigado más.
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Juan Roberto Vargas: Muchos decían que esas maniobras de limitar la competencia de los futbolistas, ventajosas para los equipos y desventajosas para los jugadores, tienen detrás objetivos, entre esos evasión y a veces hasta lavado. ¿Eso también se puede investigar ahí?
Andrés Barreto: Son conductas penales y la obligación nuestra es que si en el marco de la investigación llegamos a detectar temas que son delitos, en virtud que tenemos no solo de trasladarle a la Fiscalía, sino del convenio de cooperación que tenemos específicamente en prácticas restrictivas, se trasladaría el expediente allá. Hasta tanto no se pueda comprobar si hay una situación delictiva detrás, como puede ser el lavado de activos o alguna otra operación de índole criminal, seguirá en el marco de competencia donde lo deseable es que no se cometa la conducta, que se sometan al programa de beneficios por colaboración, oferten garantías o lleguemos un día a la toma de una decisión.
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Juan Roberto Vargas: ¿En estos 3 años cuáles han sido esas batallas que lo han caracterizado a usted para defender los derechos de los consumidores?
Andrés Barreto: Todos los temas que maneja la entidad tienen un eje transversal que es la protección del consumidor, tanto como que desarticulamos, como cuando ponemos multas de metrología, como muchos de los temas que tienen que ver con datos personales. Pero nada afecta más a los consumidores como las tácticas restrictivas y los carteles, donde creo que hemos sido eficientes. En estos tres años y medio llevamos 33 casos de competencia por diferentes conductas, prácticas restrictivas en general, la prohibición general, pero hay temas muy icónicos y muy importantes. La sanción más alta de la historia se impuso en esta administración que tiene que ver con Ruta del Sol II, que es Odebrecht, casi $300 mil millones en multas; el cartel de la reventa de boletas de fútbol, $16 mil millones en multas, y uno que pasó muy desapercibido para las personas, pero es una de las multas más altas de la historia, que tuvo que ver con un cartel de cloro y soda, que fue de $195 mil millones. Y la gente dirá ¿por qué el cloro y la soda? Potabilizamos el agua con eso, no tiene sustituto, solo había tres actores del mercado y en la pandemia se probó la necesidad que teníamos de agua potable para lavarnos las manos, podía haber sido una situación de salud pública inmanejable.
Juan Roberto Vargas: ¿En Colombia de qué es lo más se queja un consumidor?
Andrés Barreto: Mayoritariamente de publicidad engañosa y de temas garantías y deficiencias en los productos.
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Juan Roberto Vargas: Hay un tema mundial, la gran tormenta que se está desatando con el tema de Google y el uso de los datos de todos para beneficio propio e incluso en detrimento de empresas que producen contenidos. En el tema de protección de datos personales, ¿qué acciones está asumiendo la Superintendencia de Industria?
Andrés Barreto: Hemos empezado a entender los ciudadanos que el activo digital, la moneda en el mundo de la economía digital son los datos personales. Sea eso lo primero. Lo segundo, es un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos colombianos de que esos datos sean protegidos. Tercero, de ahí el gran dinamismo que le hemos dado a la delegatura de protección de datos, que hoy en día es una de las que cuenta con la mayor capacidad de reacción. En el último año hemos puesto más de 100 sanciones por $11 mil millones, algo que nunca había pasado. En un solo año logramos poner lo que se había puesto en los años anteriores.
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Generalmente les ha sucedido a las empresas de telecomunicaciones, que son las que más captación de gente tienen y más uso de datos; a las empresas del sector financiero también por temas como accesar a datos, reportar negativamente en entidades de valoración crediticia, en este tema de asedio telefónico y por correo, entre otros.
La SIC es presidente de la red iberoamericana de protección de datos, es decir, somos presidentes de todas las autoridades del continente americano, incluida España, y recientemente le impusimos una orden a TikTok, que fue una plataforma que se empezó a utilizar en el marco de la pandemia, un poco para un tema de desestrés y es un poco más lúdico, pero hay acceso a las imágenes de los menores de edad.
A Facebook, que ha venido cumpliendo, también se le impuso una orden por el uso de los datos de menores de edad y de colombianos. A Google recientemente se le ratificó una orden donde lo que estamos buscando es que adecúe sus términos y condiciones al estándar colombiano y sobre proteja los datos de los menores de edad y también hubo un caso frente a Uber por un tema de filtración de datos de tarjetas de crédito de ciudadanos colombianos.
Juan Roberto Vargas: Viene un tema y es el pago por los derechos de esa información que esas grandes plataformas hacen a diario. Plataformas como Google y Facebook utilizan contenidos de los medios, pero a esos medios no les pagan por esos contenidos, ¿hay alguna acción que vaya a emprender la Superintendencia de Industria frente a ese sentido?
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Andrés Barreto: En Colombia por ahora no, pero es un tema que se está analizando en la OCD, tiene que ver con este tema de economía digital y en algunas autoridades, como la Unión Europea y algunas autoridades que reúnen a las de corte más anglosajón y europeo, sí ha habido esta discusión por el pago de derechos de retransmisión, el pago de los contenidos, y ha habido dos decisiones muy fuertes: uno de la autoridad francesa de competencia donde hubo una multa billonaria para Google, otro la discusión que hay sobre tasación digital, que es un tema de la UE, y tres el tema de la retransmisión de esos contenidos frente a otros actores.
Juan Roberto Vargas: Pareciera por lógica y derecho que deberían pagar, porque ese es el gran debate mundial.
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Andrés Barreto: Es lo que está en boga y en la UE ha habido multas por eso, ha habido suspensión de acceso a ciertos contenidos y la pelea sigue.
Juan Roberto Vargas: ¿Qué hacemos con las aerolíneas? Cada vez se ven más quejas de la gente por retrasos en los vuelos, que lo ponen en lista de espera, horarios, frecuencias… Se viene una temporada de fin de año, ¿ante quién se queja la gente?
Andrés Barreto: Eso cambió en la ley y ahora es de la Superintendencia de Transporte. Ya no soy el garante de esos derechos, pero eso no nos limita.
Juan Roberto Vargas: Llama la atención que es de ustedes cuando es el combo completo, si ahí hay un problema ahí sí va la SIC.
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Andrés Barreto: La SIC es la autoridad nacional del turismo en virtud de la nueva ley de turismo, entonces, cuando tiene problemas con su hotel, con el paquete turístico, cuando lo hizo a través de una plataforma, una agencia de viajes, lo hizo en combo, nosotros como autoridad nacional de turismo tenemos que velar porque esos derechos se protejan.
Juan Roberto Vargas: Usted es el superintendente de Sociedades encargado, ahí le han tocado grandes líos como Monómeros, La 14… ¿Qué decisiones ha tomado antes de que se designe a su sucesor?
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Andrés Barreto: Monómeros está sometida a control, pero confiamos que están adelantando ante la Cámara de Comercio de Barranquilla un acuerdo de reestructuración con sus proveedores y acreedores con el fin de que puedan llegar a un acuerdo como empresa, pero por parte de la Supersociedades lo que hicimos fue ratificar el control. En La 14 también está en un proceso de reorganización empresarial. Y hemos notado con sorpresa lo que pasó con Centros Poblados, donde lo que hicimos fue que a tres de las cuatro empresas que conforman esa unión temporal las sometimos a control por el grave desorden administrativo, contable, financiero, jurídico no recurrieron la primera vez que los sometimos a control y en días pasados lo que hicimos fue ratificar ese sometimiento a control.
¿Por qué solo tres? Porque la cuarta es una fundación y no está bajo control de las Supersociedades.