A través de un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, dio a conocer este martes, 14 de mayo de 2024, que “inició investigaciones contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, Didi y Cabify en Colombia”.
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La SIC manifiesta que “el propósito de las actuaciones es determinar si las investigadas habrían infringido el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a las plataformas”.
El organismo añade que dadas sus competencias “las investigaciones se enmarcarán en un análisis sobre el respeto a las normas que protegen la libre y leal competencia”.
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Complementa la SIC que, “de manera preliminar, la autoridad de competencia consideró que las investigadas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte al haber ejercido una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados".
También explica el comunicado que las plataformas "no se limitarían a un simple rol de intermediación. El incumplimiento de la regulación del sector transporte habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas. En particular, les habría permitido (i) acceder a la prestación del servicio sin cumplir las condiciones para esto, (ii) definir la capacidad transportadora disponible, (iii) establecer la localización geográfica de los servicios, (iv) calcular las tarifas, y (v) no incurrir en los costos de acceder y permanecer en el mercado”.
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La SIC hace énfasis en las ventajas competitivas que habrían tenido esas plataformas respecto a “los demás oferentes quienes, cumpliendo la regulación, enfrentarían costos que los posibles infractores de la norma no asumirían. En adición, la infracción podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio”.
Señala igualmente que la actuación administrativa de la SIC tiene como propósito que, “con los argumentos presentados por las plataformas y la participación de todo aquel que tenga un interés directo, se determine si la actividad investigada está acorde o no al régimen de libre y leal competencia”.
Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio aclara que "ha iniciado tres investigaciones separadas para cada una de las plataformas".
De acuerdo con la SIC, las personas jurídicas vinculadas a esas actuaciones son las siguientes:
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- Cabify Matriz S.L.
- Maximobility S.A.S.
- Didi Mobility Information Technology Pte. Ltd.
- Asesorías CC S.A.S.
- Uber Technologies Inc
- Uber B.V.
- Rasier Operations B.V.
- Lieber Colombia S.A.S.
En caso de que se comprueben las irregularidades antes descritas, la SIC da a conocer las posibles sanciones y millonarias multas.
“La Superintendencia podrá imponer a cada persona jurídica multas hasta de 100.000 SMLMV. Adicionalmente, podrá imponer órdenes dirigidas a que la realización de las actividades económicas de las investigadas se adecúe a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia. Contra esta decisión no procede ningún recurso”, concluye el comunicado.
🚨ATENCIÓN | #LaSICdelCambio formuló pliego de cargos contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas UBER, DIDI y CABIFY en Colombia.
— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) May 14, 2024
Conoce los detalles de la medida aquí👇🏻 pic.twitter.com/RpylREKUbk
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Gremio de las plataformas se pronuncia
Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación, manifestó que respeta la decisión de la SIC, pero hizo un llamado para "que el camino sea la regulación y no la persecución ni la prohibición".
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“Desde Alianza In queremos recordar también que esta investigación no se da en abstracto, sino que se está poniendo en juego la suerte de por lo menos 100.000 familias (Fedesarrollo, 2021) que obtienen su sustento a través de las apps de movilidad. La prohibición y/o persecución de estas apps atenta contra la economía popular y la lucha contra la desigualdad social y económica, pilares centrales del gobierno del presidente Petro”, señaló José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In.
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Alianza In también detalló que, en sus plataformas afiliadas, "han contabilizado al menos 230.000 cuentas registradas de usuarios tipo taxi, lo que demuestra la profunda coexistencia entre tecnología y taxis".
#ComunicadoDePrensa
— Alianza In Co (@alianzainco) May 14, 2024
El camino es cumplir la Sentencia de la Corte Suprema, no prohibir ni perseguir: Alianza In se pronuncia sobre la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de abrir de investigaciones a apps de movilidad.
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