El Gobierno de Colombia busca enfrentar efectos de la pandemia como la pobreza y el desempleo con una renta básica, dejando programas sociales como Ingreso Solidario de forma permanente, esto a través de la reforma tributaria .
A partir del próximo año, entregaría entre 80.000 y 366.000 pesos a hogares en pobreza extrema, dependiendo del número de integrantes, dicen desde la Casa de Nariño.
Este programa sería complementario para quienes ya sean beneficiarios de otros como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Protección al Adulto Mayor y de los subsidios de energía y gas.
"Y el diseño ahora va a ser transferir 61.000 pesos a persona que viva en hogares de pobreza extrema y 42.000 pesos por persona para hogares pobres. Esto les llegaría a 4.7 millones de hogares que son equivalentes a 19 millones de personas”, dijo Andrés Zambrano, profesor e investigador de economía de la Universidad de Los Andes.
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Agregó que “adicional al programa de Ingreso Solidario va a haber una devolución de IVA de 50.000 pesos para hogares pobres por pagos de IVA que están haciendo y los que deben hacer para ciertos servicios".
"Ahí el Gobierno va a tener un problema frente a los recursos que está buscando porque, sin duda, lo que está proyectando no va a ser suficiente para los recursos que se necesitan en las familias", señaló, entretanto, Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle.
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El proyecto también busca que el programa de apoyo al empleo, conocido como Subsidio a la Nómina, se amplíe hasta junio de 2021, e impulsar la contratación a través de ayudas a compañías durante cinco años, subsidiando salud y pensión de trabajadores de empresas que contraten personas que ganen menos de tres salarios mínimos, así como a jóvenes menores de 28 años, a mayores sin pensión, a personas con discapacidad, a mujeres mayores de 40 años y aprendices del Sena.
También plantea, como beneficio, que las empresas no estén obligadas a afiliarlos a las cajas de compensación.
"Esto es una buena iniciativa, pero debería haber una reforma más adelante, más estructural, que quite estos aportes para que podamos ganar en formalidad", anotó Zambrano.
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En cuanto a educación, la iniciativa prevé integrar el programa Generación E a las políticas del Estado para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables, usando recursos que genere la ley y otras fuentes que se dispongan desde el sector público o privado, con el fin de brindar apoyo para el pago de la matrícula y subsidios de sostenimiento.
“Vamos a hacer un programa de reforma tributaria donde se van a recoger unos recursos para efectos de estabilización macroeconómica y ya lo estamos repartiendo sin haber consultado las políticas de empleo y seguridad social en el caso de los beneficios para apoyar el empleo juvenil”, afirmó Isidro Hernández, profesor de desarrollo económico y política fiscal de la Universidad Externado.
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Y agregó: “Estamos hablando de utilizar parte de esos recursos para financiar el programa de Generación E y no estamos tomando en cuenta cómo está el tema del financiamiento de la educación pública. Entonces, son retazos pegados que le falta una integralidad a toda la política".
Señala el docente que lo ideal sería ampliar estrategias, como la devolución de IVA a las familias más vulnerables, a todo el conjunto de beneficios que reciben las empresas como personas jurídicas.
"Igual que se está haciendo con los pobres de devolverles el IVA por vía el gasto, porque al fin al cabo es la única forma de hacerlo, igualmente se debería hacer con las personas de alto ingreso y empresas, porque la mayor cantidad de beneficios están para personas jurídicas y naturales de altos ingresos. Igual se debería desmontar allá el impuesto de renta y todos esos beneficios tributarios y se les devuelve por vía gasto", afirmó.
Los programas sociales estarán administrados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y tendrá en cuenta grupos de clasificación y brecha de ingreso.
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