Durante la pandemia, el gobierno de Iván Duque fue cuestionado por contratos para renovar las camionetas del esquema de seguridad de la Presidencia o por contratos de publicidad. Con la nueva reforma tributaria, el ministro de Hacienda asegura que se busca racionalizar varios gastos públicos y ahorrarse 1,9 billones de pesos anuales.
“Se logra a través de limitaciones en el crecimiento de burocracia, restringir las modificaciones de planta de personal, congelamiento de vacantes, congelar el crecimiento de adquisición de bienes”, dice José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.
El apretón busca ahorrar 50% de lo que hoy día Gobierno y entidades estatales gastan en viáticos, papelería, publicidad, compra de vehículos y combustible por un periodo de diez años, y racionalizar esquemas de seguridad.
Tampoco se renovarán planes de telefonía móvil, internet o datos. Igualmente se plantea una reducción de arriendos y promover el teletrabajo, así como eventos virtuales.
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“Lo qué estamos pidiendo es que sea de manera eficiente, que se oriente hacia la inversión, hacia la formación y a la educación, porque nada hace un país reduciendo el gasto en viáticos cuando al mismo tiempo está creando cargos”, dice el analista económico Mario Valencia.
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Precisamente para la oposición hay un doble discurso del gobierno de Iván Duque sobre la austeridad, cuando se aprueban leyes para aumentar la burocracia.
“Botando la plata aumentando la burocracia en la Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Fiscalía, en la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y adicionalmente gastando un montón de dinero en la publicidad del presidente de la república”, señaló el senador de la Alianza Verde Iván Marulanda.
Sin embargo, el ministro advirtió que habrá control a cualquier ampliación en puestos de trabajo para entidades públicas.
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“Importante señalar que, tanto en el caso de la Procuraduría como en el caso de la reforma a la justicia, derivado de nuestra recomendación como Ministerio de Hacienda, eso es aumento de planta de personal estarán circunscritos a la realidad fiscal del país, al marco fiscal de mediano plazo y a la capacidad de gasto público.
Dice el ministro que se hará control a los contratos de prestación de servicios y solo serán aprobados aquellos esenciales para el funcionamiento del Estado.