Tres días después de arrancar su mandato, el presidente Gustavo Petro ordenó acabar en su gobierno con las nóminas paralelas para reducir el gasto público e impulsar mejoras en el sistema de contratación estatal.
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La disposición encendió alertas, pues en Colombia hay más de un millón de servidores vinculados al Estado por libre nombramiento o mediante contratos temporales de servicios.
“Esta modalidad de contratos de prestación de servicios tiene varias dificultades para las mismas personas que se vinculan por esta modalidad, dado que no tienen prestaciones y su vinculación es anual. Para las entidades, porque se pierde la memoria institucional”, entre otros, explica Liliana Caballero, exdirectora de Función Pública.
Esta figura es usada principalmente en dos casos: cuando no hay suficiente personal para cumplir con las funciones de la entidad o para desarrollar programas especiales donde se requiera mayor fuerza laboral. Sin embargo, dicen los analistas, que en algunos casos se abusa de esta figura porque “no exige concurso ni hay en este momento requisitos distintos (…) esto es lo que ha generado las plantas paralelas (nóminas paralelas) o la dedocracia”.
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“Cuando se abusa de esta figura pues pueden incurrir las entidades en clientelismo y en despilfarro", añade Caballero.
Para laboristas como Iván Jaramillo el anuncio es acertado: "Debe privilegiarse la vinculación a través de la carrera administrativa, previo al concurso de méritos. En este sentido resulta acertada la directriz de restricción de recurso, las órdenes de prestación de servicios y las nóminas paralelas al interior de las entidades públicas para cumplir los mandatos constitucionales".
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Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores pide que, antes que despidos, haya formalización de estos trabajadores.
Para la ejecución de la directriz de desmontar las nóminas paralelas recomiendan revisar la figura, cómo se podría formalizar, la reglamentación de los topes, el tamaño de las plantas y el nivel de capacitación de los trabajadores.