Tras el hundimiento de la ley de financiamiento, el ministro de Minas, Edwin Palma, sugirió que sean los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como los comercios e industrias, quienes asuman el pago de la opción tarifaria, una deuda pendiente de pago de los colombianos desde la pandemia, época en la que se aplazaron los reajustes de los servicios públicos. Dicha deuda asciende a 3 billones de pesos.
Palma manifestó que “son ideas en borrador, lo he dejado ahí para que podamos conversar sobre el tema, pero pudiese ser que estratos 4, 5 y 6, industrial y comercial, poder en un largo plazo, 10 años, 8 años, asumir lo de los estratos 1, 2 y 3”.
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Dicho pago se haría a través de los recibos de luz.
¿Qué es opción tarifaria?
De acuerdo a lo explicado por Enel, "las autoridades del sector energético establecieron medidas transitorias para mitigar el impacto de la pandemia en todo lo relacionado con los servicios públicos. Una de dichas medidas fue la aplicación de la opción tarifaria en el servicio de energía eléctrica a partir de abril de 2020. La opción tarifaria es un mecanismo a través del cual se busca reducir el impacto para los usuarios, de los incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados posteriormente por el usuario a lo largo de un mayor período de tiempo".
¿Qué buscaba la ley de financiamiento?
El 11 de diciembre de 2024, las comisiones económicas del Congreso de la República hundieron la reforma tributaria del Gobierno nacional, como también se llamaba esta ley de financiamiento, la segunda de la Presidencia de Gustavo Petro, para tapar el déficit de 12 billones de pesos en el presupuesto de 2025, aunque posteriormente el Ejecutivo bajó esta expectativa a 9,8 billones de pesos.
Diego Guevara, que para ese entonces ya era ministro de Hacienda, dijo que este proyecto "no afecta a los colombianos de a pie".
"El Congreso ha negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al presupuesto; esto no es un voto en contra del presidente Petro, es un voto en contra de las regiones", afirmó entonces.
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El saliente ministro de Minas anunció en febrero de 2025 que se presentaría una nueva ley de financiamiento y que tendría un piso de 12 billones de pesos. Sostuvo que no era solo "para meter impuestos", sino para cumplir con promesas como bajar el nivel de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, del 35 al 30 por ciento.
Además, dijo que "los tres impuestos del Catatumbo los trataré de dejar de forma estructural y permanente". Estos tenían que ver con: IVA a los juegos de azar, una contribución especial de las exportaciones de petróleo y carbón y un impuesto del 1 por ciento sobre todos aquellos trámites notariales.