Comenzó la reducción de la jornada laboral
en Colombia, país donde se espera que, de manera gradual, se logre que para 2026 el tiempo trabajado sea de 42 horas semanales. Actualmente está en 48 horas y, con la entrada en vigencia de la ley 2101 de 2021, a partir del 16 de julio de 2023 queda en 47.
En entrevista con Caracol Ahora, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, resalta que Colombia, en conjunto con Turquía y México, son algunas de las naciones con las jornadas laborales más extensas, pero esto no nos ha hecho más productivos, y por ello se hacía latente la implementación de la medida.
"Este es un buen suceso para los trabajadores, pero muy lento", expresa el líder sindical, refiriéndose al hecho de que se tiene que esperar hasta 2026 para poder tener la medida completamente implementada en 42 horas.
Añade que incluso el convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, emitido en 1935, señala que la jornada debería ser, no de 42, sino de 40 horas semanales, lo cual nos retrasa en comparación con otros países.
A pesar de ello, asegura que la ley 2101 "va en la dirección correcta de desatrasarnos, pero va a seguir siendo insuficiente", por lo cual continuaran luchando por llegar a las 40 horas semanales, algo que, destaca, ya se hace en muchas empresas estatales e internacionales.
Por su parte, Yilmar Celis Romero, integrante de la junta directiva del gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas, Acopi, admite que "a nivel del empresariado recibimos con preocupaciones esta entrada en vigencia".
"Más allá de las garantías que se le pueden ofrecer a los trabajadores, es la preocupación que hay porque no se generen espacios de concertación en cuanto al empresariado nos compete", asegura Celis.
Desde su visión, esta reducción de la jornada laboral afectará directamente la competitividad de las empresas, puesto que Colombia "no tiene la productividad necesaria y los diferentes gobiernos no han ofrecido las garantías para que esta productividad se dé".
Exhibe también que mecanismos como la OCDE dan estos niveles de producción con base en los países que tienen vinculados, los cuales son naciones que "invierten recursos como potencia a su productividad en las empresas y aquí en Colombia no tenemos esas garantías estatales".
Enfatiza en que esta reducción sin garantías implicaría un aumento en los costos de producción, los cuales tienen que llegar a competir directamente con muchos productos importados.
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