La Superintendencia de Salud presentó una denuncia ante la Fiscalía contra cuatro EPS por presuntas irregularidades y posibles casos de corrupción relacionados con movimientos ilegales de dinero. Esos fondos, al parecer, estarían siendo transferidos a cuentas de IPS ubicadas en paraísos fiscales. Mario Andrés Urán ha sido mencionado en la investigación.
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Un reciente informe de la Superintendencia de Salud reveló una posible red de mal manejo de recursos en el sistema de salud, específicamente en cuatro EPS del país. Según el documento de 34 páginas, una denuncia de un tercero, acompañada de correos electrónicos, inició una investigación que apunta a posibles irregularidades en Coosalud, Asmet Salud, SOS EPS y Emssanar EPS, las tres últimas bajo intervención estatal.
La auditoría realizada el 24 de septiembre incluyó la inspección de computadoras y celulares para recabar información sobre el flujo y uso de los recursos.
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El informe preliminar señala que estas EPS intervenidas podrían estar desviando fondos bajo la supuesta dirección de Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud, quien presuntamente ordenaba pagos y contratos a ciertas IPS y compra de medicamentos a laboratorios específicos sin justificación y aprobando el accionar de los interventores.
También se presentaron pruebas que muestran el uso de giros directos y movimientos de grandes sumas de dinero, los cuales, según la Supersalud, habrían sido canalizados hacia una empresa matriz propietaria de las IPS beneficiadas y con sedes en paraísos fiscales como las Islas Caimán.
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¿Qué dijo el abogado de Mario Andrés Urán sobre los señalamientos hacia el asesor de Coosalud?
Andrés Garzón, abogado del mencionado Mario Andrés Urán, se refirió al tema: “Las afirmaciones subjetivas de la Superintendencia no son correctas, no tiene en cuenta la realidad del negocio de la salud. Y vuelvo y le repito, el doctor Urán jamás, no podía ni siquiera dirigir o darle algún tipo de destino de ningún giro, porque lo que se hace por parte de las EPS son postulaciones”.
Aunque el monto exacto desviado no se ha determinado, se estima que alcanza miles de millones de pesos.
Coosalud, en un comunicado, aclaró que ya no es contratista de la EPS Y que la entidad no es responsable de sus acciones personales, calificándose como víctima en este caso.
La investigación ha generado reacciones y el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X exigiendo que los gerentes y administradores de EPS enfrenten consecuencias penales.
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Andrés Forero, representante a la Cámara, adujo que “este es un caso que puede darse a una mayor escala si se llega a aprobar la reforma de la salud del presidente, que precisamente busca avanzar en la estatización de la salud”.
Por su parte, Carlos Felipe Quintero, representante a la Cámara dijo que “le pedimos a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones necesarias para determinar estos hechos. Esto no puede ocurrir en Colombia”.
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La denuncia fue radicada en la Fiscalía General de la Nación el 22 de octubre por el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Se espera que avance la investigación para esclarecer los hechos.
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