Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, habló en detalle de los cambios más importantes de la reforma laboral
radicada ante el Congreso este jueves 24 de agosto. Según la funcionaria, tiene las mejoras que se habían discutido en el semestre pasado y los 92 artículos fueron concertados con diferentes sectores. No obstante, los gremios afirman que no hubo acuerdos y expresaron sus preocupaciones frente a la iniciativa.
El gobierno dice que lo que busca es aumentar la formalización laboral con nuevas opciones de contratación. Un tema clave es el contrato a término indefinido, que será la regla general. Se podrá suscribir por término fijo, pero solo hasta tres años. Además, prohíbe celebrar contratos de prestación de servicios entre empresas privadas y personas naturales para tareas que impliquen subordinación.
Sobre este punto, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, considera que “vuelven y lo colocan un poco más fuerte y eso nos va realmente a generar condiciones inapropiadas. ¿Por qué digo condiciones inapropiadas? El sector empresarial debe tener diferentes opciones y no que se le imponga qué clase de contrato debe utilizar”.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, advierte que “una reforma laboral que pretenda justamente encarecer el costo del empleo formal muy probablemente lo que va a generar es que se empeoren las dinámicas de generación de empleo y especialmente del empleo de calidad”.
Por otro lado, sostienen que medidas como el recargo nocturno y dominical, que aumentaría al ciento por ciento en tres años, además de los costos no salariales, impactarían el empleo formal.
“La implicación económica va a ser generosa por la disposición de la jornada; es decir, esas dos simples horas que para muchos pueden ser una ganancia, lo cual es una ganancia para la actividad del trabajador, tiene también la implicación en el empresariado de esas dos horas postergadas en el tiempo, que puede ser una deuda realmente insostenible”, explica Javier Almanza, coordinador del área laboral del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario.
El director ejecutivo Fedesarrollo enfatiza en que “esos costos no salariales pueden agregar cerca del 50 o 60% frente al ingreso del trabajador y naturalmente eso es un desincentivo muy grande para la contratación de empleo formal, especialmente en las micro y pequeñas empresas de nuestro país”.
Para Carlos Prieto, del observatorio laboral de la Universidad Javeriana, la reforma laboral como fue presentada “no reconoce la diversidad social y cultural del país, no reconoce la necesidad que tienen los micro, pequeños y medianos empleadores, que son los que más generan trabajo y que están en mejores posibilidades de generar trabajo formal, de que ese encarecimiento o esa imposición de unos costos fijos tan rigurosos y tan onerosos, pues no facilitan la vinculación de las personas”.
Desde Acopi advierten que la reforma laboral incrementaría los costos entre el 17 y 34%, impactaría la tasa de desempleo entre 1,7 hasta 3,4% y en el caso de la informalidad la aumentaría hasta en un 14%.
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