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Gremios dicen que prestación de servicio de energía para 2025, en la Costa, estaría en riesgo

El incumplimiento de pagos prometidos por el Gobierno a las generadoras impacta drásticamente a las empresas de energía, especialmente en la Costa Atlántica, donde predominan los estratos 1, 2 y 3.

Los gremios de energía en Colombia reiteraron su preocupación frente al incumplimiento del pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional. A esto se suma la deuda de opción tarifaria que aún no asume la nación y que pondría en riesgo la prestación del servicio en 2025. Estas deudas son billonarias.

El incumplimiento en el giro de los subsidios prometidos por el Gobierno a las empresas generadoras impacta drásticamente a las empresas que prestan el servicio de energía en el país, especialmente a las de la Costa Atlántica, donde la mayoría de los usuarios pertenecen a los estratos 1,2 y 3.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), dijo en Noticias Caracol en vivo que “2,4 billones se adeudan por concepto de subsidios. Esto quiere decir que son subsidios que estas empresas ya entregaron a los usuarios 1, 2 y 3, desde el mes de abril, hasta hoy, y hasta este momento, el Gobierno, a través del presupuesto general de la nación, no ha dado estos recursos”.

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¿Cuánto les debe el Gobierno a las generadoras?

A los 2,3 billones que señaló Castañeda, se suman los 3,4 billones por concepto de opción tarifaria que, hace más de diez meses, el Gobierno nacional prometió asumir para darles un alivio a los prestadores del servicio. Sin embargo, esto quedó dentro de la ley de financiamiento que hoy cursa en el Congreso de la República y apunta a no ser aprobada.

El presidente de Andeg sostuvo que “obviamente, al final del día, el gran perjudicado es el usuario, porque en cualquier momento esas empresas dirán que no podrán seguir entregando subsidios y vamos a terminar con unas tarifas muy altas para los estratos 1,2 y 3”.

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Al llamado de Alejandro Castañeda se unió Asoenergía, pues, de seguir esta situación, podrían entrar en intervención otras compañías, como pasó recientemente con la empresa Air-e.

“El Gobierno tiene la responsabilidad, a través de la Creg y la Superintendencia, de validar los ingresos de las empresas, respecto a sus inversiones. Asimismo asegurarse de que reciban los recursos necesarios para que no vaya a haber un problema de suficiencia, de continuidad y de calidad en los servicios”, dijo Sandra Fonseca, directora de ejecutiva de Asoenergía.

Sobre el tema, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que, por el lado de la opción tarifaria, sigue en curso la entrega de créditos a través de Findeter, ya que el mecanismo para asumir la deuda como pública está en la ley de financiamiento, lo que depende exclusivamente del Legislativo (Senado y Cámara).

En cuanto a los subsidios, el ministro sostuvo que desde el Ministerio de Minas se han emitido las resoluciones respectivas al Ministerio de Hacienda.

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