Luis Fernando Mejía, destacado economista, experto en política fiscal y director de Fedesarrollo, ha ofrecido un análisis detallado sobre el reciente aumento en el precio del ACPM (diésel) en Colombia , destacando dos razones fundamentales que subyacen a esta medida, razón por la cual los transportadores están realizando el paro de camioneros.
Los puntos relevantes del incremento que desató el paro de camioneros
En primer lugar, Mejía señaló que el incremento en el precio del diésel responde a la necesidad de abordar el impacto fiscal del subsidio actual. Explicó que la diferencia entre el precio local del diésel y el precio internacional del combustible representa un costo significativo para el Estado colombiano.
“La diferencia entre el precio de venta local y el precio de paridad internacional se sufraga con recursos públicos, es decir, con los impuestos que pagamos todos los colombianos. Actualmente, el costo fiscal de ese subsidio en ACPM es cercano a los doce billones de pesos. Es una cifra insostenible y naturalmente, hay que ir desmontando ese subsidio”, afirmó Mejía.
Esta cifra representa una carga financiera considerable para el país y su sostenibilidad se ha vuelto un desafío importante.
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En segundo lugar, Mejía abordó la cuestión de la política ambiental. Argumentó que los combustibles fósiles, como el diésel, generan gases de efecto invernadero y contaminan el medio ambiente. “Desde el punto de vista de política ambiental sostenible, no tiene mucho sentido subsidiar el consumo de un combustible fósil”, dijo el experto. El ajuste en los precios también se alinea con los objetivos de reducir la contaminación y promover una transición hacia fuentes de energía más limpias.
Mejía también se refirió a la posibilidad de implementar un plan más progresivo para los futuros aumentos en el precio del diésel. En su análisis, sugirió que sería beneficioso revisar la opción de realizar incrementos más graduales, similar a cómo se gestionó el aumento en el precio de la gasolina.
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“Eventualmente, sería importante revisar la posibilidad de hacer unos aumentos más graduales en esos 4.000 pesos restantes que ha mencionado el ministro de Hacienda, con el objetivo de mitigar los impactos negativos”, indicó Mejía, que destacó que la gradualidad en el ajuste de los precios de la gasolina permitió suavizar los efectos adversos durante un período de aproximadamente un año y medio.
El experto también comentó sobre las dificultades prácticas asociadas con un ajuste gradual, mencionando que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha indicado que la imposibilidad de cambiar rápidamente la tabla de fletes ha sido una barrera para implementar un enfoque gradual en el diésel. Sin embargo, Mejía sugirió que esta cuestión podría ser revisada y solucionada para el año 2025, con el fin de aplicar un plan de aumento más escalonado en los precios del ACPM.
El análisis de Mejía proporciona un contexto valioso para entender los recientes ajustes en el precio del diésel y subraya la importancia de equilibrar las necesidades fiscales, ambientales y económicas en la política de precios de combustibles.
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