El comercio ilícito de cigarrillos es una problemática transnacional con profundas afectaciones sociales y económicas. En Colombia, desde los últimos años hemos visto cómo esta cifra aumenta: mientras en 2016 el comercio ilícito de cigarrillos llegaba al 13 % del total del mercado, en 2024 alcanzó por primera vez el 36 %, el pico más alto desde que inició la medición de INVAMER en 2011.
Silvia Barrero, Vicepresidente de Asuntos Externos para el Clúster Andino de Philip Morris International, afirmó: "Las consecuencias del contrabando de cigarrillos son devastadoras: fomento al crimen organizado y financiación de prácticas delincuenciales como corrupción y narcotráfico; pérdidas billonarias para los departamentos en impuestos que deberían destinarse a salud y deporte, y finalmente, el fomento del mercado negro, en donde los contrabandistas, que hoy tienen el 36% del mercado de cigarrillos, no se preocupan si sus productos llegan a niños, niñas y adolescentes".
Según datos de INVAMER, desde 2017, Colombia ha dejado de percibir más de 5,3 billones de pesos debido al contrabando de cigarrillos. Esta cifra es equivalente a la mitad del presupuesto de Medellín para 2024, lo que demuestra el impacto significativo de esta actividad ilegal en las finanzas del país. Solo en 2024, la pérdida de recaudo superó el billón de pesos.
En Colombia, alrededor del 35% del mercado de cigarrillos corresponde a productos de contrabando, lo que significa que de cada 10 cigarrillos que se consumen, entre 3 y 4 son ilegales. Con el costo de una cajetilla de cigarrillos legales, se podría adquirir 2.4 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Además, cuando los impuestos sobre los cigarrillos legales aumentan, los precios de los ilegales también suben, lo que permite que los traficantes generen aún más ganancias ilícitas.
Este fenómeno afecta principalmente a las zonas rurales y a los estratos socioeconómicos más bajos, donde la diferencia de precios entre los cigarrillos legales e ilegales sigue siendo significativa, lo que impulsa la preferencia por los productos ilegales debido a su menor costo.
Según INVAMER, en los estratos 1 y 2, el 42 % del consumo corresponde al mercado ilegal. “El precio es la razón principal por la cual los fumadores adultos prefieren el comercio ilegal. En promedio, un cigarrillo ilegal es $6.569 más barato que uno legal. Por esto, un incremento desproporcionado de los impuestos al cigarrillo incrementa las brechas de precios, hace más atractiva la ilegalidad y, en consecuencia, acelera el contrabando”, puntualizó Barrero.
Reducir el comercio ilícito de cigarrillos es posible si existe un trabajo articulado entre el sector público y privado, bajo marcos impositivos técnicos que eviten desviaciones de mercado, y si se mantiene la efectividad en el control y la contundencia operativa. De lo contrario nos exponemos a mayores niveles de inseguridad, menos recursos públicos y la inviabilidad de la industria legal.