Dura queja de máximo accionista de Isagen tras medidas que implementaría el Gobierno Petro

La multinacional canadiense Brookfield, máxima accionista de ISA en Colombia, envió una carta advirtiendo sobre los riesgos que existen para la generación de energía en el país debido a unos cambios en las reglas de juego que podría implementar el Ministerio de Minas.

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En la carta, Brookfield señala que las medidas anunciadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia energética podrían perjudicar los derechos y expectativas de los inversores extranjeros, contraviniendo los estándares de protección a la inversión a los que el país se ha comprometido.

El accionista se refiere a un proyecto de resolución de la Creg que modificaría el mercado de energía mayorista.

Esta es la carta completa:

Excelentísimo señor
Germán Umaña Mendoza
Ministro

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Respetado señor ministro:

Como es de su conocimiento, a través de su plataforma de inversión global, Brookfield Corporation lideró uno de los procesos más significativos de inversión extranjera en la historia de Colombia al adquirir, junto con otros socios internacionales, la mayoría de la propiedad ostentada por el Gobierno Colombiano en ISAGEN a principios del año 2016. Mediante adquisiciones posteriores a otros accionistas de naturaleza pública y privada, nuestra organización desplegó recursos muy significativos que representaron una de las mayores inversiones directas realizadas en Colombia hasta la fecha.

Esta inversión estuvo y ha estado sustentada en las garantías suministradas por el Estado colombiano sobre la estabilidad del marco regulatorio y la protección y promoción de las inversiones por parte de las autoridades colombianas.

A su vez, desde que asumimos el control de ISAGEN, emprendimos un proceso de modernización y optimización de la operación que ha estado acompañado por inversiones adicionales cercanas a los 4 billones de pesos, materializados en los siguientes proyectos: la adquisición de 9 centrales hidroeléctricas de generación, el desarrollo de 2 parques eólicos en la Guajira actualmente en funcionamiento, el desarrollo de 2 granjas solares en el departamento del Meta también en operación comercial y la construcción actualmente de 5 granjas solares en el departamento del Atlántico. Gracias a estos proyectos, somos los líderes en el proceso de transición energética en Colombia, y contamos con una matriz de generación de energía 100% renovable.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos visto con preocupación las diferentes iniciativas de medidas anunciadas por el Gobierno Nacional que, en caso de ser implementadas, perjudicarán los derechos y las expectativas legítimas de inversionistas extranjeros que han confiado y quieren seguir confiando en el potencial de Colombia.

En particular, resulta preocupante que el Decreto 929 de 2023 emite unas directrices de política pública que afectan la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa.

Estas preocupaciones se agravan significativamente con ocasión del proyecto de Resolución CREG 701 016 de 2023. Este proyecto, en cumplimiento del Decreto 929 de 2023, pretende introducir modificaciones al Mercado de Energia Mayorista de energía eléctrica que resultarían contrarias a los estándares de protección de la inversión a los que se ha comprometido Colombia.

En particular, el proyecto anuncia medidas que privan efectivamente a los generadores de su derecho a ser remunerados por la prestación del servicio de energía eléctrica. En efecto, entre otras cuestiones, el proyecto de Resolución de la CREG limita sustancialmente la remuneración a la que tienen derecho los generadores de energía eléctrica mediante el establecimiento de requisitos ajenos a la regulación actual que: (i) imponen condiciones infundadas a la hora de presentar ofertas respecto de la generación de energía eléctrica mediante mínimos operativos por restricciones ambientales y/o fitosanitarias: y (ii) al hacerlo, no solo privan a los generadores de su derecho a presentar ofertas acordes al mercado. sino que ponen en riesgo su sostenibilidad financiera y la garantía de recuperación de costos e inversiones de la prestación del servicio público de energía eléctrica. Estas medidas contravienen los postulados básicos del marco regulatorio colombiano y las expectativas legitimas bajo las cuales Brookfield realizó inversiones en la República de Colombia.

En este orden de ideas, Brookfield Corporation observa que estas directrices conllevan el planteamiento de esquemas en los que se pondrá en riesgo el retorno esperado sobre las inversiones realizadas por los inversionistas y, en consecuencia, causarán cuantiosos perjuicios. Este tipo de criterios en caso de adoptarse incluso podrían poner en riesgo la confiabilidad de la matriz energética.

Asimismo, Brookfield Corporation nota que las justificaciones técnicas que han suministrado el Ministerio de Minas y Energía y la CREG para sustentar estas medidas son insuficientes. Al respecto, las memorias justificativas del Decreto 929 de 2023 y del Proyecto de Resolución de la CREG no atienden los problemas que las autoridades han señalado como motivación de las medidas que adoptan. En el mismo sentido, el Decreto 929 de 2023 y el Proyecto de Resolución de la CREG omiten abordar los verdaderos problemas actualmente existentes en el sector, como, por ejemplo: (i) las demoras en la entrada en operación de los proyectos de transmisión y (ii) la inestabilidad generada por falta de reglas claras en los trámites ambientales y en los procesos de consulta previa.

Finalmente, Brookfield Corporation destaca que es preocupante que, en contravía del comportamiento histórico del Estado colombiano y de las Leyes 142 y 143 de 1994, el Ministerio de Minas y Energía desconozca el rol de la CREG como comisión experta e independiente. Lo anterior, a través de las siguientes conductas del Estado colombiano:

1. La expedición de "directrices" a una comisión que, por definición, debe ser independiente (mediante el Decreto 929 de 2023)
2. La omisión del Gobierno Nacional en el nombramiento en propiedad de los miembros de la CREG, cuando es precisamente ese nombramiento en propiedad el que garantiza su independencia técnica. En efecto, actualmente, la CREG está conformada principalmente por miembros en provisionalidad que son funcionarios del Gobierno, con lo cual su independencia está comprometida.
3. La propuesta de modificación del reglamento interno de la CREG a través de la cual pretende (i) subordinar las decisiones de la CREG a los comentarios del Ministerio de Minas y Energía; y (ii) eliminar la independencia financiera de la CREG, trasladando los recursos de su funcionamiento al presupuesto del Ministerio de Minas y Energia'.

Las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y la forma de su implementación, en caso realizarse en la forma actualmente prevista, podrían desconocer los estándares de protección a las inversiones extranjeras a los que se comprometió el Estado colombiano mediante distintos instrumentos internacionales aplicables.

Por todo lo anterior, Brookfield Corporation acude respetuosamente a su Despacho para transmitir al Estado colombiano sus preocupaciones, de tal forma que, como uno de los principales inversionistas extranjeros directos en Colombia, podamos seguir invirtiendo y aportando al desarrollo del país. Asimismo, Brookfield Corporation expresa su más amplia reserva de derechos, incluyendo bajo los tratados internacionales aplicables.