La Corte Constitucional tumbó el cobro de un aporte que se estaba haciendo por medio de las facturas de energía en todo Colombia, con el fin de recaudar recursos para ayudar a La Guajira ante la emergencia económica decretada por el Gobierno en esa zona del país.
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Este cobro fue avalado por el decreto 1276 del 31 de julio de 2023, en el cual el Gobierno adoptó "medidas para crear un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio que abarate la energía en La Guajira".
En este se estableció que, para tener recursos y asegurar mayor energización en las zonas no interconectadas del área rural de la Guajira, se incluiría en las facturas de energía a nivel nacional de los hogares 4, 5 y 6 un “aporte departamento de La Guajira” por un valor de $1.000 pesos. Para los estratos comerciales e industriales, el aporte sería de $5.000 pesos en cada factura.
Pese a esto, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió declarar inexequible este cobro, debido a que no se evidenció que una crisis por cuenta del fenómeno de El Niño se trataba de un hecho sobreviviente o irremediable.
En alto tribunal determinó que el decreto es ilegal desde el mismo momento en que se cobró y, por tanto, los dineros recaudados deberán ser devueltos a través de compensación a los usuarios, por lo cual concedió 6 meses para que se haga el retorno de los mismos.
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