Con 5 votos a favor y 4 en contra, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó el decreto 811 de 2020, creado en el marco de la emergencia económica y social provocada por el COVID-19.
Este pretendía agilizar la venta o enajenación de activos del Estado y así facilitar la venta de acciones enlistadas en bolsa de empresas como Ecopetrol, ISA y Colombia Telecomunicaciones, entre otras.
Con los recursos recaudados se buscaba robustecer el fondo de mitigación de emergencia creado para afrontar la crisis económica que trajo la pandemia de COVID-19 y que a su vez era salvavidas para empresas como la aerolínea Avianca.
"La noticia que la Corte Constitucional acaba de decretar inexequible el decreto 811, dictado al amparo de la emergencia decretada para amortiguar la pandemia, dificulta aún más el crédito a Avianca (que bien enredado estaba), y la privatización de activos públicos", opinó Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.
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Al hacer una evaluación de constitucionalidad del decreto, la Corte encontró que no se cumplían con requisitos como el de necesidad, conexidad y finalidad.
“El Estado no podrá, a partir de ahora, acudir a esta vía de financiación a estas empresas privadas, que tendrían que acudir a otras fuentes como lo son los créditos bancarios. Otro tipo de ayudas que no podrán provenir del Estado por esta vía de compra y venta de participación”, explicó el abogado Francisco Bernate.
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Así las cosas, el fondo de mitigación de emergencias perdería una de sus fuentes principales de ingresos, quedaría desfinanciado y presionaría al gobierno a buscar más recursos.
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