Gobierno radicará ley de jurisdicción agraria: ¿qué pasará con el acceso a la tierra?

Desde este martes, 27 de agosto, comienza el pulso en el Congreso de la República sobre la llama jurisdicción agraria, el proyecto que tiene que ver con la resolución de los conflictos sobre la propiedad y el acceso a la tierra.

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Para explicar este tema, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habló en Noticias Caracol en vivo y dijo que “este Gobierno, desde que inició con el compromiso de cumplir con el acuerdo de paz, avanzó de manera distinta en la estructuración de una jurisdicción agraria”.

¿Qué busca el gobierno Petro con al ley de jurisdicción agraria?

La alta funcionaria indicó que “lo que vamos a radicar en el Congreso de la República, junto con el ministro del Interior y la ministra de Justicia, es un articulado que le propone al Legislativo y al país los sistemas de principio sobre los cuales debemos resolver nuestros conflictos agrarios”.

Carvajalino sostuvo que lo importante del proyecto de ley es recoger “las normas que van a orientar las decisiones: principios tan importantes como la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria, el respeto de la unidad agrícola familiar o la especial protección que tiene la producción de alimentos en el régimen agrario, pero también recogemos las normas procedimentales sobre las cuales los jueces resuelven”.

¿Qué son los conflictos agrarios?

Según la ministra de Agricultura, los conflictos agrarios se presentan, por ejemplo, “en un lindero entre vecinos, en conflictos posesorios, las relación de tenencia que en el día a día la gente tiene con la tierra, los conflictos que se resuelven en la Agencia Nacional de Tierras y que requieren un ejercicio de control de legalidad por parte de un juez, o esas relaciones de producción en donde una persona tiene un desacuerdo en la forma en que produce con el propietario de la tierra o quien le arrendó”.

Por último, la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con Carvajalino, “en procesos de adjudicación de baldíos tenía un rezago de 30.000 procesos de titulación sin resolver”.

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