“Yo no hago apología a la coca”: la fatal encrucijada que viven campesinos con cultivos ilícitos

Este reportaje está marcado por las extensas tierras de cocales en Colombia, esas que siembran y recogen centenares de campesinos, indígenas y afros. Esos cultivos de los que comen cientos de familias desde hace 40 años. los mismos que defienden hasta morir porque no encuentran otra alternativa de subsistencia.

Villagarzón, Putumayo - 20 de julio

El pasado 20 de julio, Día de la Independencia, en la vereda Siloé, en Villagarzón –Putumayo-. El cuerpo de un joven campesino de 15 años quedó tendido en el playón cuando acudió al llamado de su comunidad porque les iban a arrancar las matas de coca.

El padre Campo Elías de la Cruz, sacerdote de la Diócesis Mocoa-Sibundoy, asegura: “Yo no le hago apología a la coca, pero creo que el tema de la coca sigue siendo un problema social. Las personas que están muriendo son sangre de nuestra sangre, son nuestros propios hermanos y, de alguna manera, en la construcción de país y nación estamos también nosotros muriendo con ellos”.

El padre Campo Elías habla desde el conocimiento, la erradicación forzada creció al igual que la pandemia. Dicen los campesinos que, en sus campos, se están violando los derechos humanos y acusan a las Fuerzas Armadas.

El diputado Andrés Cancimance ha visitado las zonas para monitorear lo que está pasando: “Desde el 25 de marzo hasta la fecha se han reportado y denunciado 15 acciones de erradicación forzada en 6 de los 13 municipios del departamento. Estas han estado precedidas por el surgimiento de expresiones colectivas que buscan negociar la suspensión temporal de la erradicación e insisten en la aplicación del Penis (Plan Integral Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito)”.

El Penis, que se acordó en La Habana, aseguran los campesinos que se estancó y hoy piden sentarse a negociar para ponerlo de nuevo en marcha.

Puerto Caicedo - 4 de mayo

El sonido de los helicópteros los alerta. Los campesinos están organizados y salen a su encuentro. Forman los cordones para repeler la avanzada de los erradicadores, que obedecen directrices institucionales. Entre avances y repliegues, llegan los fuertes enfrentamientos. Gases contra arengas... palos, piedras y disparos.

Eder Jaír Sanchez, representante de ANUC (Asociación Nacional De Usuarios Campesinos) regional Putumayo, afirma que “en las últimas semanas hubo dos asesinatos más en el marco de esta confrontación entre fuerza pública, campesinos, indígenas y afros. En estas dos muertes -según denuncias de estos mismos campesinos e indígenas- han manifestado que tiene que ver la fuerza pública”.

¿Cuál sería entonces la razón de peso que tienen los campesinos para sembrar coca y arriesgarse a morir de esta manera?

Zereida Romero, lideresa campesina de Teteyé, habla sin tapujos: “El cultivo de coca es una empresa realmente que ha beneficiado a muchas mujeres, han podido darle el estudio, educación a sus hijos y tener siquiera para el sustento e inclusive para el sistema de salud de nuestros hijos en los territorios”.

Líderes campesinos del Putumayo sostienen que honraron su palabra con la erradicación voluntaria, pero que el Gobierno les incumplió.

Asegura la Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana) que durante la pandemia un 42% de acciones de erradicación en el país han terminado con choques violentos entre campesinos y la fuerza pública. El saldo: siete campesinos, entre ellos afro e indígenas, asesinados.

El Totumito, Norte de Santander - 17 de mayo

En la vereda El Totumito murió Emérito Buendía Martínez. A sus 44 años, defendía su pequeño plantío de coca. Entre la hojarasca quedaron las vainillas de fusil.

En todo el Catatumbo están los minifundios de cocales. Cada campesino tiene cultivos de una hectárea y media o dos. Les pagan la cosecha a cuotas, o en las temporadas más difíciles, es la moneda que les reciben como trueque por mercado.

“La mata de coca para nosotros ha sido el sustento económico que necesita un campesino para sobrevivir en nuestro territorio, después de un abandono total por parte del Estado colombiano”, indicó Euclides Leal García, de la vereda Campo Raya Baja, Tibú.

¿Cuál es la diferencia entre sembrar un cultivo lícito de uno ilícito en temas monetarios?

Benjamín Suárez, de la vereda Guamalito -El Carmen-, lo explica: “En temas monetarios, el cultivo lícito tiene más gasto que el de coca porque el de coca tira la semilla por todos lados y no cuesta nada. En temas de ganancias, el que tiene una hectárea de coca o cacao es muchísimo más, casi la triplica”.

Otra presión que enfrentan los campesinos es la de los actores armados ilegales; es una zona donde no hay Estado.

En el Norte de Santander existe la presencia de 12 estructuras armadas ilegales: El ELN, el Ejército Popular de Liberación, Clan del Golfo, Los Rastrojos y tres grupos armados de las disidencias de las FARC.

Como si fuera poco, hace dos años están activos en la línea de frontera carteles mexicanos que manejan el 80% del negocio: el de Sinaloa, La Línea, la Frontera, los Evander y el Tren de Aragua.

Pero, los campesinos se movilizan por sí mismos o permeados por los grupos armados o los narcos. Se lo preguntamos a los líderes campesinos.

“Que la oposición campesina a la erradicación es por presión de los armados y desconocer los problemas sociales solo contribuye a la estigmatización de esos territorios (...) Los narcos no viven en los territorios, no viven en las veredas, las matas de coca tampoco son de ellos, pero ellos son los que obtienen la mayor ganancia y se enriquecen de todo esto”, dice el líder campesino Arnobis Zapata.

Y vendrán más semillas por cada mata arrancada de raíz, dicen los campesinos, hasta que el gobierno los escuche y los acompañe en una sustitución de cultivos que les dé una vida digna en sus campos.

¿Cifras infladas?

Información de prensa y varias ONG cuestionan las exitosas cifras sobre erradicación de cultivos ilícitos que viene haciendo públicas el presidente Iván Duque. Señalan que no coinciden.

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa sostienen que han trabajado para hacer más transparente el proceso de información que monitorea la ONU.

Según Duque, solo en los primeros cuatro meses de su gobierno, es decir a finales de 2018, se habían erradicado 60 mil hectáreas.

El 5 de septiembre, tres meses después, Noticias Caracol informó, con base en información oficial, que “en el primer año, el gobierno Duque logró erradicar 98.246 hectáreas de cultivos de uso ilícito bajo tres estrategias: erradicación voluntaria, grupos erradicadores y formalización para sustituir”.

Pero quienes le ponen la lupa al tema señalan que la verificación de las cifras es compleja.

“En la actualidad no podemos determinar cuántas hectáreas han sido erradicadas por cada uno de los mecanismos de erradicación que dispone el gobierno y eso impide que nosotros podamos hacer una especie de veeduría ciudadana alrededor de esas cifras”, advierte Luis Felipe Ruiz, investigador de ONG DeJusticia.

Para el analista e investigador Ricardo Vargas, quien sigue de cerca este proceso, el problema se puede estar presentando por la alta cuota que Estados Unidos exige a Colombia en la lucha antidrogas.

“Una cifra demasiado alta -que son 130 mil hectáreas- donde se adjudica la mitad a la Policía y la mitad al Ejército. Se está llevando a cabo una acción bastante fuerte aún en el periodo de la pandemia buscando alcanzar una cifra alta que le pueda enviar un mensaje a Washington”, dice Vargas.

Para los investigadores de la ONG DeJusticia, el planteamiento de las cifras viene mal desde tiempo atrás.

Más allá de las cifras, lo que preocupa a los observadores es la política misma antidrogas que viene ejecutando la erradicación forzosa sobre la sustitución voluntaria, tema que está consignado en el punto cuatro de los acuerdos de paz.

“Lo que está haciendo esta administración es desconocer completamente ese punto, ese diagnóstico”, sostiene Vargas.

Para el consejero presidencial para la estabilización Emilio Archila, el programa de sustitución de cultivos ha sido exitoso y va por buen rumbo.

“Hemos invertido 950 mil millones de pesos en un programa que recibimos sin financiación y que cuesta 4,3 billones de pesos. Durante este gobierno han ingresado 1.500 familias, se han sustituido 12.500 hectáreas. El 96% de esas familias dicen sentirse cómodas y han arrancado la hoja de coca”, afirma.

A su vez, Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, sostiene que utilizan tecnología que no permite la manipulación de los datos y que puede ser transmitida en tiempo real desde la zona de operaciones.