La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Jhon Jairo Velásquez, investigado por su participación en el crimen del director del periódico El Espectador en 1986.
El ente investigador definió la situación jurídica de alias 'Popeye' y alias 'Maxwell', en la investigación por el magnicidio de Guillermo Cano Isaza, ante la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del Cartel de Medellín.
Además, otra evidencia recopilada que da cuenta de que "los procesados, al parecer, tuvieron conocimiento y habrían participado del atentado contra el entonces director del diario El Espectador", explicó la Fiscalía.
"Sobre Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye', hay indicios que darían cuenta de su participación en una reunión en la que los cabecillas del Cartel de Medellín, entre ellos Pablo Escobar, concertaron atentar contra Guillermo Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen", agregó el ente en un comunicado.
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En cuanto a Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias 'Maxwell', la Fiscalía indicó que "supuestamente hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador. Esta información habría terminado en manos del grupo de sicarios que asesinó al periodista".
Por este caso, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra alias 'Popeye', como presunto coautor del delito de homicidio agravado.
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Dicha decisión fue comunicada al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que sea efectiva en el momento en el que Velásquez cumpla su periodo de detención en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar 'La Tramacúa', donde se encuentra recluido tras su captura hace un año por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
Para alias 'Maxwell', la fiscal dispuso medida no privativa de la libertad, la cual contempla presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición para salir del país, además no debe tener contacto con las víctimas y pagar una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales vigentes.
En contexto: Treinta y dos años del asesinato de Guillermo Cano, un crimen impune
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