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Una carta de más de 50 organizaciones que representan a víctimas del conflicto fue radicada ante Naciones Unidas. Esta contiene una serie de cuestionamientos a la implementación del acuerdo de paz. El anuncio se da antes de que el organismo presente el informe trimestral de los avances de la implementación.
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En total son 56 organizaciones civiles que representan a víctimas del conflicto armado, a comunidades indígenas y comunidades afro. La radicación se dio este domingo, 14 de octubre, en horas de la mañana y fue dirigida a la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general Antonio Guterres.
En dicha carta están las preocupaciones y quejas frente a la implementación del acuerdo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Si bien celebran y apoyan la intención del jefe de Estado con la paz total, expresan cinco puntos que preocupan y que retrasan la implementación de lo firmado con las extintas FARC, por lo que la ONU debe tener conocimiento.
Uno de los pedidos es el implementar de manera integral lo que se pactó en 2016 y que no se está cumpliendo, incluyendo a todas las instancias y mesas técnicas.
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También menciona el comunicado la necesidad de implementar la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales.
Además, especificaron que la reforma rural va mucho más allá de solo entregar tierras.
Elizabeth Castañeda, vicepresidencia de la organización A. M. O. R., expresó en Noticias Caracol en vivo las preocupaciones que tiene en torno a la implementación del acuerdo de paz por parte del Gobierno nacional.
“Reiteramos que se debe ir a las instancias, que ya hay una arquitectura de instituciones y donde se promueve. Por ejemplo, la participación de las comunidades y que haya interacción con los firmantes, comunidades y Gobierno”, mencionó Castañeda.
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La mujer añadió que “nosotros creemos que este Gobierno, desde el principio, ha mostrado su voluntad de paz. Entonces, debemos ceñirnos a esto para que realmente veamos resultados antes de presentar constantemente planes. Los planes son grandiosos, pero hay que ponerlos a andar”.
Estas 56 organizaciones también piden que la JEP emita sanciones en contra de todos los máximos responsables y que pare de dilatar el trabajo.
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Estas organizaciones, que representan a las víctimas, exigen que la coordinación del Gobierno nacional debe ser inmediata con las instancias ya creadas en el 2016 y que sin el acompañamiento internacional el acuerdo pactado no podría seguir vivo.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estará ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 15 de octubre, en donde presentará el plan de choque del Gobierno nacional para acelerar la implementación del proceso de paz.
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