La familia de Hildebrando Rivera, el conductor que fue linchado luego de que arrollara accidentalmente a una madre y su hija emberas, aún no entiende por qué un grupo de personas acabó con la vida del padre, abuelo y esposo, crimen que hoy tiene de luto al municipio de Guasca, en Cundinamarca.
Óscar Iván Castañeda, allegado de la víctima, afirma que “él no se voló, él se quedó al frente, respondió, esperó a las autoridades ¿y qué recibió a cambio? Una paliza y un linchamiento que nunca se debió haber hecho, lo único que pedimos es justicia ordinaria”.
Uno de los tres hijos de Hildebrando Rivera habló de la impotencia que sintieron al no poder ayudar a su padre tras escuchar el último mensaje de voz que envió por WhatsApp y, además, oír lo que desconocidos les decían cuando contestaban el teléfono de su padre.
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“Nos sentíamos con las manos atadas porque él estaba muy lejos, muy retirado, solo, angustia”, dijo con dolor Óscar Rivera.
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Según él, “el único que estaba con mi mamá era mi hermano Sebastián escuchando, tratándose de comunicar, porque yo llamé y no me contestaron. A mi hermano sí le contestaron y le dijeron unas palabras donde se da a entender que es planeado porque dijeron ‘vamos a asesinar, a matar a ese señor’”.
“Lo único que hacen es insultar y diciendo que no llamen a esa persona porque lo van a matar”, agregó.
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En Guasca, donde decretaron tres días de duelo por el asesinato de Hildebrando Rivera, sus amigos lo recuerdan como “un hombre maravilloso, un excelente compañero de trabajo, humilde, responsable”.
Entretanto, la Fiscalía analiza los videos de cámaras de seguridad aledañas al parque La Florida, donde están asentados los indígenas presuntamente implicados en el linchamiento del conductor, que además hirieron a dos policías que no pudieron evitar la tragedia.
El ente judicial también escucha testimonios para identificar a los agresores que, insiste, no estarían cobijados por la justicia indígena.
Los implicados en el homicidio de Hildebrando Rivera pertenecerían a la comunidad de indígenas embera que lleva cinco meses en el parque La Florida. Otro grupo permanece asentado en el Parque Nacional.
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Ellos dicen que se mantendrán allí hasta que resuelvan sus peticiones.
Gerardo Jumi, secretario de la ONIC, afirma que “no ha habido solución porque el gobierno distrital y el gobierno nacional no han tenido la voluntad pese a que hay sentencias desde la Corte Constitucional, pese a que hay acuerdos”.
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Y añade que “ellos necesitan inversión pública, ampliar el territorio, soluciones agroproductivas, viviendas, salud, educación, son necesidades básicas y derechos fundamentales que el gobierno no está atendiendo en este momento”.
Frente a los reclamos indígenas, la alcaldesa Claudia López dijo que “en el año 2020 tuvimos cerca de 2.800 personas desplazadas a Bogotá por violencia, la gran mayoría fueron población embera, que dos años después el Gobierno nacional ni les asegura la seguridad en sus resguardos ni les asegura un retorno seguro como se los obliga la Constitución y la ley. Bogotá en estos dos años ha cumplido con su labor de hacer asistencia humanitaria temporal”.
Hasta ahora no hay una solución clara para buscar el retorno de los 600 indígenas que permanecen en estos parques de Bogotá, mientras que 1.185 ya regresaron voluntariamente, según las autoridades distritales.