Se verifica si recibieron algún tipo de ayuda del Estado y, además de la expulsión, se les procesaría por falsedad. Esto le habría costado al fisco $1,3 billones.
“Son registros de 200,000 víctimas que incurrieron en su momento en un fraude posiblemente. Lo que estamos haciendo es verificando para también darle trámite ante las autoridades competentes”, señaló el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez.
La unidad está pensando ampliar la vigencia de la ley de víctimas después del 2021, pero para ello se necesita hacerle una reingeniería al sistema.
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