"Un 30% era para el gobernador": testigo cuenta cómo se repartían dineros del cartel de la hemofilia

Guillermo Pérez involucró en su testimonio a Cristóbal Cabrales, Sami Spath y al exsecretario Alfredo Arauchán.

“Empezamos a hacer la captación de los usuarios que no tuvieran EPS y tuvieran la patología para poder hacerles el procedimiento general y poder llegar a meterlos por la Gobernación".

Así inicia la confesión de Guillermo Pérez Ardila, el representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar, una de las dos prestadoras de salud a través de las cuales, según la Fiscalía, se inició el cartel de la hemofilia en Córdoba.

Una mafia que se lucraba de los dineros que el estado giró entre 2010 y 2015 para atender a los pacientes con esa enfermedad, y que además incluía en las listas a personas que ni siquiera necesitaban el tratamiento.

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En su testimonio, señaló que el negocio ilegal se inició con Cristóbal Cabrales, conocido en Córdoba como relacionista público y hermano del senador del Centro Democrático Daniel Cabrales, y con Sami Spath, considerado el testaferro de Alejandro Lyons.

"Por la gestión que se hizo del doctor Cristóbal Cabrales, yo conozco al señor Sami Spath quien es la persona que nos da la oportunidad francamente de poder ingresar, porque se le planteó el negocio, y se llegó a la conclusión, por intermedio del señor gobernador, de presentarnos como prestadores de servicios", explicó el testigo.

Y por esos servicios sólo esa IPS facturó con la gobernación de Córdoba 36 mil millones de pesos.

"Había que entregar un 30% que era para el señor gobernador, el señor Alejandro Lyons Muskus, y había un 5% o 3% que era para el secretario. En este caso, casi la mayoría de las cuentas mías nos las pagó el señor Alfredo Aruachán, que era el secretario de Salud", añadió.

Era un negocio redondo, que alcanzaba para repartir el dinero entre más personas.

“Y el resto de la utilidad, nosotros hacíamos unos cuadros donde se sacaban lo que eran los costos, que era el medicamento, donde se sacaba lo que era el 30%; el 3% y la utilidad de ese negocio, después de impuesto, se dividía entre las cuatro personas, es decir Sami, Adalberto, Cristóbal y Guillermo Pérez".

Aunque las cuentas de Pérez exceden incluso las que dice haber recibido Lyons, que reconoció ante la Fiscalía 4 mil millones.

"En una oportunidad le llevé el listado de los 13 mil millones de pesos que se le llevaron por intermedio de Sami Spath. Yo tenía un listado de cuántas habían sido las cuentas. Le llevé ese listado y le dije a él que cómo era posible que estuviéramos luchando para pagar abogado cuando él sabía que la situación de nosotros no era fácil y que necesitábamos que nos ayudara para pagar un abogado", agregó el vinculado al proceso.

También le reveló a la Fiscalía que en el 2016, con el último pago que la Gobernación de Córdoba hizo por enfermos con hemofilia, se entregó dinero para frenar las investigaciones.

"Cuando se genera el problema, estas personas, por intermedio de un señor Mane Otero, contactan a alguien en Cartagena que nos va a ayudar para el proceso en la Contraloría", señaló.

Guillermo Pérez Ardila es la carta de la Fiscalía para desenredar los pagos que habrían recibido Alejandro Lyons y Edwin Besaile, actual gobernador de Córdoba.

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