Tras condena a Chiquita Brands en EE. UU., piden investigar a otras compañías en Colombia

Raquel Sena es una de las miles de víctimas de Chiquita Brands. La mujer celebra el fallo condenatorio que confirma a la bananera como responsable del financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de los 90. Sin embargo, no hace parte del primer grupo de ocho personas que será reparado por dicha compañía.

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Sena perdió a su esposo, Fidel Hernández, en medio del conflicto y asegura que toda la comunidad sabía del accionar ilícito de la multinacional.

La víctima se declara cansada ante tantas luchas, pero no pierde la esperanza de ser reparada, en algún momento, y poder dignificar su vida y la de su familia.

“Dios quiera que a todos nos den algo, aunque la muerte de él nunca la voy a superar porque todo se perdió, la finca se perdió y todos los cultivos”, afirmó Raquel Sena.

Lo mismo anhelan otras víctimas. “Los que estaban operando eran los paramilitares y por eso mataron a mi papá”, indicó Yamila Martínez, víctima del conflicto.

Defensores de derechos humanos creen que en Colombia el caso debería ser igual de riguroso que en Estados Unidos, mientras que otros piensan que la reparación no hace justicia.

“Los jueces norteamericanos ya dijeron la responsabilidad de Chiquita Brands, pero falta que la justicia colombiana condene a los empresarios y compañías que en Colombia también daban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares”, dijo Gerardo Vera, abogado de la Fundación Forjando Futuro.

Por su parte, el sacerdote jesuita Javier Giraldo indicó que “se habla de indemnización a nueve personas. Eso es prácticamente nada en comparación de todas las familias y las personas que sufrieron la represión”.

Según la comunidad de paz de San José se Apartadó, Chiquita Brands alcanzó a traer a Urabá barcos que venían por Nicaragua, cargados con unos 5.000 fusiles y millones de municiones para surtir a las AUC.

Chiquita Brands apelará la decisión

Desde la determinación, la empresa tiene 30 días para notificar la apelación a la determinación del jurado que la encontró responsable de financiar al exgrupo paramilitar AUC y que le ordenó el pago de 38.300.000 de indemnización para los 17 familiares de ocho víctimas nombradas en la demanda.

El abogado Rafael Peñalver explicó que Chiquita Brands “tiene 30 días para pedir que se celebre una vista para reconsiderar la sentencia al mismo nivel de la corte que emitió la sentencia”.

Según especialistas, lo más probable es que la corte le imponga a la multinacional una fianza.

Peñalver indicó que sería “una fianza para garantizar que la operación es de buena fe y que simplemente no se está apelando para no pagar”.

Sin embargo, los analistas coinciden en que los más complicado es cobrar la sentencia, es decir, obtener el pago de la indemnización.

“Muchas veces los casos se resuelven antes de la apelación, obviamente por menos dinero, porque las personas entienden que si hay una apelación puede tomar varios años”, dijo el abogado Rick Yabor.

Chiquita Brands, por su parte, aseguró a través de un comunicado que “el resultado del juicio no disminuye nuestra confianza en la solidez de nuestra posición ni en las pruebas presentadas por la defensa”.

Lo cierto es que, tras el veredicto, en el proceso judicial del caso ahora inicia una nueva fase.

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