La zozobra y el miedo se mantienen entre las comunidades del Alto Baudó, en Chocó. Desde hace cuatro días, 356 personas de la comunidad de Moamía dejaron sus casas buscando refugio en Santa María de Condoto, para huir de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.
Los desplazados vieron con horror cómo una joven embera murió en el fuego cruzado.
Según Víctor Carpio, líder de la mesa de DD. HH. de pueblos indígenas del Chocó, “hay cinco comunidades que están confinadas, pero la comunidad Moamía está desplazada internamente en la comunidad de Miácora Central”.
Agrega que no tienen libertad para buscar sus alimentos y que “los compañeros pueden venir hacia abajo de pronto en busca de comida, pero entonces ya no los dejan subir (…) los actores están controlando la región, la subida y por todos lados, entonces ese es el problema”.
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Nubia Córdoba Curi, secretaria del Interior del Chocó, afirma que “esta es la segunda vez que las comunidades del norte del municipio han tenido que desplazarse hacia Miácora y Santa María de Condoto por efecto de esas confrontaciones”.
Carpio hizo un llamado a autoridades departamentales y nacionales porque “necesitamos medicamentos para los niños, pa’ la diarrea, se enferman con fiebre, dolor de cabeza, y otros para las compañeras, con esta preocupación, son las que más sienten miedo por los hijos”.
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El registro que tiene al día de hoy la Defensoría del Pueblo da cuenta de que son 51 familias las que han sido desplazadas de la región, lo que equivale a 290 personas, y 936 familias se encuentran confinadas en sus casas, es decir 4.451 personas.
Si el conflicto no cesa, los indígenas advierten que en los próximos días empezaría el desplazamiento de 1.500 personas más.
Entretanto, en el municipio de Bagadó fue asesinado por el ELN un guardia indígena de la comunidad del Alto Andágueda, al parecer porque escoltaba a otro líder que estaba amenazado en el territorio.
Crisis advertida
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La posibilidad de enfrentamientos entre grupos criminales fue alertada por la Defensoría del Pueblo hace dos años, el 29 de septiembre de 2019.
En aquel momento, la advertencia fue recibida por la entonces ministra del Interior y hoy consejera presidencial de derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
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En ella se alertaban amenazas y afectaciones a la vida, integridad y libertad de los habitantes del Alto Baudó y planteaba la posibilidad de enfrentamientos.
(...) se infiere una probable configuración de un escenario de confrontación territorial y armada con interposición de población civil entre el ELN y las AGC en jurisdicción del municipio del Alto Baudó, específicamente en los corregimientos de Urudó, Puerto Córdoba, Boca de León, Apartadó, Amparradó, Peña Azul, Cocalito y Las Delicias.
Sin embargo, el Gobierno, en voz de Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, aseguró que la alerta de 2019 de la Defensoría fue atendida tal como lo solicitó ese organismo y que lo de ahora “obedece a circunstancias novedosas que por supuesto vamos a atender a la mayor prontitud en aras de garantizar la tranquilidad del territorio como se le hemos hecho saber en la mañana el día de hoy al alcalde del municipio del Auto Baudó”.
Sin embargo, en septiembre del año pasado los enfrentamientos entre ELN y Autodefensas Gaitanistas provocaron un desplazamiento masivo en el Alto Baudó, afectando a 450 personas.
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La Defensoría, por su parte, pide al Ejecutivo hacer presencia en el lugar e iniciar los procesos para proteger a las personas afectadas.
“La situación es delicada. La comunidad indígena Moamía está sin alimentación, sin recursos y confinada en el resguardo, y otras familias decidieron movilizarse lejos de las zonas”, precisó el defensor Carlos Camargo.
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