La madre de uno de los cinco amigos menores de edad que fueron víctimas de una masacre en Llano Verde, oriente de Cali, habló de la amenaza de muerte que recibió en medio de su lucha para exigir justicia. La intimidación ocurrió con un panfleto que fue lanzado afuera de su casa .
“Cuando volteé a mirar, vi un papel ahí, me pareció raro. Ahí mismo lo cogí, lo leí y decía: ‘Para que no sigas’, y tenía una boca sellada como con cierre. Me llené de nervios, de impotencia y me puse a llorar”, afirmó.
Senén Gómez, abogado de cuatro de las familias de las víctimas de la masacre, indicó que ya la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía y la Policía para que se investigue de dónde provienen las amenazas y se proteja a los parientes de los menores asesinados.
Las familias de los jóvenes asesinados no se cansarán de exigirle al estado protección y aseguraron que, por la memoria de sus hijos, van a seguir hasta las últimas consecuencias con este proceso.
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“Queremos protección que, por favor, no nos olvide porque perdimos a nuestros niños y nos tienen olvidados”, asegura Nancy Quiñones, madre de Luis Fernando Montaño.
Por su parte, Juan David Ibarra, padrastro de Luis, se refirió a las intimidaciones.
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“Que no digamos nada, que nos quedemos callados, porque si no, nos vienen a matar. Ya le dijimos al señor presidente que nos brindara protección y quedó en que así será, pero no queremos protección de tres meses, sino que nos garantice que nos va a estar cuidando”, afirmó.
El coronel Édison Rodríguez Daza, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que ya les están brindando protección a estas familias.
“Hemos hecho un acompañamiento permanente a esas familias. Mi general Manuel Vásquez, como comandante, ha estado en comunicación con todos ellos, hemos sido muy cercanos y continuamos haciéndoles todo lo necesario para que ellos estén tranquilos y se les preserve la vida”, aseguró.
Entretanto, el tercer sospechoso de la masacre, Gabriel Alejandro Bejarano, sigue siendo buscado por las autoridades. Además, el sujeto cumplía una condena con detención domiciliaria por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas.
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“Entre el año 2016 y 2020, el INPEC realizó solo 9 visitas y lo más grave es que, en dos ocasiones, no se encontraba en la residencia, razón por la cual el INPEC debió solicitar de inmediato que se le revocara el beneficio de casa por cárcel y hoy no estaríamos lamentando la masacre de los menores de Llano Verde ”, concluyó el abogado Senén Gómez.
Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos.
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