El intercambio de trinos entre Claudia López y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se dio por la demora en la repartición de las 192.000 vacunas COVID-19 chinas que llegaron al país desde el pasado sábado. La situación ha generado preocupación en varios sectores.
“Si con poquitas dosis se generan estos retrasos y estas complicaciones en la comunicación entre los territorios y el gobierno nacional, no me imagino cuando lleguen cantidades más grandes”, dijo Claudia Vacca, directora del Centro de Pensamiento y Medicamentos de la Universidad Nacional.
Además, afirmó que no entendía “cómo fue más fácil distribuir 50.000 dosis de unas vacunas que requieren una logística especializada, con unos niveles de coordinación muchísimo mayores, que requirieron unos gastos y una infraestructura gigante para llegar poquitas dosis a ciertas regiones”, que distribuir las de Sinovac, que son de una sola aplicación y no requieren un sistema de almacenamiento tan especializado como las de Pfizer.
Por su parte, Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales y presidente de Asocapitales, dijo que veía “con preocupación lo que estábamos esperando, y es que nos tocaba parar la vacunación por no tener más dosis”.
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Sin embargo, el ministro Ruiz afirmó que el proceso ha sido “bastante ágil, eficiente y rápido” y que se debían verificar las “bases de datos de todos los departamentos del país en cuanto a la población priorizada según la etapa del Plan Nacional de Vacunación”.
Sobre la posibilidad de agilizar los trámites, manifestó que “esto no se hace de la noche a la mañana, requiere un esfuerzo y hay una corresponsabilidad para hacer todos los procesos y tomar las decisiones respectivas”.
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Ese cruce de datos, para el que el gobierno revisa 18 bases, “es el reflejo del problema de los sistemas de información que tenemos en el país. No tenemos bases de datos unificadas”, según Diana Rocío Bernal, codirectora de la especialización en Derecho Médico de la Universidad del Rosario.
El Gobierno empezó a distribuir las 192.000 vacunas COVID-19 de Sinovac este martes, de las que 40.355 ya van rumbo a la región de la Amazonía.
Asimismo, 82.694 serán aplicadas a mayores de 80 años que se encuentren en centros de protección del adulto mayor, centros de larga estancia y en instituciones que los concentren, así como de los que están en centros carcelarios.
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