Tres soldados profesionales fueron secuestrados cuando regresaban a sus bases militares en el departamento de Arauca, hechos de los que se acusa a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
El Comando de la Octava División del Ejército dijo en un comunicado que el primer caso ocurrió cuando José Miguel Ruiz viajaba desde Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste), hacia Saravena (Arauca), "al término de un permiso por incapacidad médica para presentarse en su unidad".
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La información castrense añadió que el otro caso sucedió cuando el soldado profesional Misael Lugo viajaba en un autobús que salió del departamento de Boyacá (centro) hacia Saravena, luego de un "permiso por calamidad que se le había concedido para atender temas personales".
De acuerdo con el Ejército, en ambos hechos, hombres vestidos de civil y portando armas de fuego detuvieron los automotores y, tras intimidar a sus conductores y pasajeros, obligaron a descender a los militares.
El tercer caso, entre tanto, ocurrió cuando el soldado Henry Andrés Hernández Muñoz, miembro del Batallón de Operaciones Terrestres 30 de la Brigada 18 del Ejército, se desplazaba en un autobús entre Bucaramanga, capital de Santander, y Tame, en Arauca.
"El militar, que se encontraba de civil y en actos fuera del servicio, habría sido llevado en contra de su voluntad por (miembros de) el grupo armado organizado ELN, quienes intimidaron con armas de fuego a los ocupantes del automotor y se lo llevaron con rumbo desconocido", agregó la información.
Gobierno había suspendido diálogos de paz con el ELN
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el pasado 17 de enero que suspendía los diálogos de paz con el ELN, al que acusó de cometer "crímenes de guerra" por el asesinato de firmantes de paz de las FARC, en referencia a la violencia desatada por enfrentamientos de esa guerrilla con una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo (noreste).
La confrontación bélica en el Catatumbo inició el pasado 16 de enero, cuando fueron masacrados tres miembros de una misma familia, entre ellos un niño, en el municipio de Tibú, que hace parte de esa conflictiva región del departamento de Norte de Santander.
La disputa armada, que según el Ministerio de Defensa deja 63 muertos y más de 85.000 personas afectadas, es por controlar las economías ilegales de la zona, especialmente el tráfico de cocaína, los sembrados de coca y el tráfico de personas.
AGENCIA EFE