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La Procuraduría informó que había recibido una llamada de la directora de Salud Pública en la que reportaba la pérdida de cuatro vacunas COVID-19 en Risaralda, donde inició el proceso el 19 de febrero.
Tras la denuncia, el ente regulador solicitó a la Gobernación iniciar una investigación administrativa a la IPS Comfamiliar para establecer la ruta de vacunación, nombre de todas las personas encargadas del proceso, desde quien recibe al usuario hasta el cuarto de reposo posvacuna.
Asimismo, pidió el listado de las personas priorizadas para la inmunización, las vacunadas y las que faltaron por recibir la dosis.
Esta es la carta que la Procuraduría envió al secretario de Salud de Risaralda para iniciar con la investigación administrativa.
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