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Tras la quema del Palacio de Justicia, las autoridades de Tuluá adelantaron un consejo extraordinario de seguridad. Además, se anunció la recompensa de 200 millones de pesos por quien brinde información para dar con la captura de las personas que ocasionaron los desmanes.
Wilson Ruiz, ministro de Justicia, habló sobre las afectaciones a la estructura municipal y anunció la militarización de Tuluá, Buga y Cartago.
“Esto es un acto terrorista, no es ni vandalismo, no hace parte de las protestas pacíficas”, aseguró Ruiz.
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El ministro aseguró que cerca del 90% de los expedientes físicos que corresponden a procesos terminados y en trámite desde el 2015 hasta el 2020, se quemaron.
“Eran 2 edificaciones, la primera quedó destruida en un 50%. Había allí 7.482 procesos físicos, existían 24 procesos judiciales y 134 servidores de la justicia”, indicó Ruiz.
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Miembros del Cuerpo de Bomberos de Tuluá indicaron que unas personas les impidieron atender la emergencia.
“Esto es terrorismo, esto es atentar contra la humanidad de un joven que hasta ahora iniciaba sus estudios universitarios y que tenía toda una vida por delante”, dijo Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca refiriéndose sobre la muerte de Camilo Arango, el estudiante que falleció durante los disturbios.
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