Se conoció borrador del proyecto que daría beneficios a miembros de grupos armados: ¿qué contempla?

Una nueva polémica se abrió este viernes, 23 de septiembre de 2022, en relación con el proceso de paz total. Se dio al conocerse el borrador de un proyecto de ley que daría beneficios a integrantes de grupos armados ilegales que se sometan a la justicia.

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Entre sus puntos más polémicos, el borrador del proyecto de sometimiento contempla una sentencia máxima de 50 años y la posibilidad de rebaja del 60% de la pena para todos los actores armados ilegales que se sometan a la ley, una disminución que también cobijaría a quienes hayan cometido crímenes atroces.

Estos últimos tendrían, según el borrador, los siguientes beneficios:

• Cumplida una cuarta parte de la pena, podrán acceder a permisos de 72 horas
• Cumplidas dos quintas partes, obtendrán permisos de 15 días cada dos meses
• Cumplida la mitad de la pena, podrán solicitar prisión comunitaria
• Cumplidas las tres quintas partes de la pena, ingresarán a periodo abierto y se les podrá conceder libertad condicional
  

“Las penas serán impuestas con todo el peso y el rigor que están previstas, lo que habrá es un sistema de reducción sobre la base del acogimiento, pero se habla de penas que pueden ser de décadas, como están previstas hoy en el Código Penal”, explicó Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y autor del proyecto.

Para el caso de los mandos medios o las bases de las estructuras ilegales, se les otorgarían beneficios en la pena que serían entre 4 y 5 años, siempre y cuando únicamente hayan incurrido en delitos como concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego.

“Y que también recaiga la responsabilidad penal sobre las personas, dependiendo de su grado de mando y de conducción de la organización”, anotó Cepeda.

El proyecto también contempla mecanismos sustitutivos diferentes a la prisión para que quienes se acojan a la ley:

Prisión comunitaria: el condenado pagaría la pena en su lugar de arraigo o donde lo determine el juez, con actividades comunitarias que reparen los daños causados.

Ejecución especial de penas: se aplicará a condenados a máximo 5 años en lugares temporales o permanentes de los territorios más afectados por la violencia, como por ejemplo ranchos, bibliotecas, polideportivos, huertas comunitarias y centro educativos, al igual que de salud.

Y sobre la entrega de bienes, quienes se acojan a la ley deberán entregar un inventario de los bienes muebles e inmuebles que tengan relación directa con las actividades ilícitas, pero podrán conservar el 10% de los mismos.

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Reacciones

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry señala que, en su estructura, el proyecto es válido, pero se opone a la propuesta de que el imputado podría conservar el derecho del dominio sobre el 10% de sus bienes, entre otros beneficios.

“Es una forma de cohonestar con el delincuente, que es inaceptable y no debe estar en el proyecto. De otro lado, me parece que el Gobierno no debe ser interlocutor con las bandas criminales, esto no es el tratamiento similar al de los delitos políticos… Aquí son delincuentes comunes, básicamente vinculados con el narcotráfico, y el interlocutor natural es la Fiscalía”, dijo.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señala que este borrador no plantea nada diferente a lo que se ha hecho en negociaciones anteriores. Además, resalta que aún faltan puntos por aclarar.

“¿Quién le va a hacer veeduría a eso?, ¿qué papel va a desempeñar la fuerza pública?, si va a haber un confinamiento en algún sitio territorial. Sabemos que son dos procesos diferentes, con la delincuencia común, lo que hay que hacer es que se sometan”, afirmó.

Desde el punto de vista penal, algunos expertos, como el abogado Marlon Díaz, consideran “la prisión comunitaria como una muy buena idea”, teniendo en cuenta “tantos obstáculos y tantos desastres generados por unas normas históricas de populismo punitivo que han aumentado las penas sin ninguna base científica” y “prohibido la obtención de beneficios”.

Díaz añade que, en materia de restauración de los derechos de las víctimas y recolección de bienes para la reparación, dicho borrador hace una innovación, ya que de alguna manera premia la colaboración efectiva con la justicia.