Ya son doce los municipios afectados por el paro minero en el Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia. Y la situación comienza a afectar a otros tres departamentos. Son unas 250.000 personas que empiezan a sufrir desabastecimientos de comida, medicamentos y servicios médicos.
El paro minero ha dejado locales cerrados, vías bloqueadas y mucha zozobra en la región.
Los alcaldes pidieron en las últimas horas acciones urgentes del Gobierno Nacional para evitar el inminente desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, mientras que la Gobernación afirmó que la minería ilegal ha destrozado más de 30.000 hectáreas ocasionando la peor afectación ambiental en décadas.
Y es que en el río Nechí, cerca a las zonas de Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Caucasia, inteligencia de las Fuerzas Militares ha registrado con imágenes y video los daños ambientales provocados por la banda criminal el Clan del golfo y el ELN.
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Unas 65 mil hectáreas de bosque han sido consumidas, lo que significa una tala de más de 200 mil árboles y la explotación de los suelos para extraer el oro.
Es una negociación difícil, dice defensor de derechos humanos
Noticias Caracol habló con Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos, quien dio su punto de vista sobre la grave situación humanitaria y de orden público que afecta a las subregiones del Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia.
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“No se llega a acuerdo porque este sector minero ha estado históricamente perseguido. El Estado los ha abandonado y criminalizado. La invitación que se le hace a los organizadores de este paro es que dejen pasar el paso de ambulancias, alimentos y medicamentos”, explicó.
Sin embargo, Zapata agregó: “Se tiene que entender que existen elementos superiores a ellos que pueden estar relacionados con intereses económicos de algunos actores armados y algunos sectores políticos que desdibujan las luchas de esta movilización”.
A la pregunta de si hay voluntad de movilización, indicó: “Generalmente, en estos espacios de movilización es difícil encontrar una verdadera voluntad de negociación. Sin embargo, está voluntad se recobra cuando inician las confianzas entre los negociantes y el Estado colombiano”.
Y agregó que “el Gobierno no la tiene fácil con este sector porque es un sector muy fuerte. Es un sector históricamente abandonado, excluido; esto requiere de una muy buena voluntad de ambas partes”.
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La preocupación por la situación humanitaria no es solo para los habitantes sino para quienes viven de las economías de estas subregiones.
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