El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso,
designación que este ya aceptó. El jefe del ente judicial recalcó no sería posible que quedara en libertad, entre otras cosas, porque “se le han imputado 38.626 hechos delictivos desde el 2006 al 2019, 20.295 de esos se le han imputado en estos tres últimos años en la justicia colombiana, en esta administración”.
Sobre el anuncio del presidente Petro, reconoció que “hay decisiones que son competencia del presidente de la República, nombrar estos gestores de paz, no conocemos el decreto”.
Aclaró, eso sí, que “cuando se dice que el señor Mancuso no ha respondido a la justicia colombiana o la justicia colombiana no le ha respondido al país frente a los hechos de Mancuso, estamos hablando que es falso. Ahí está claro la respuesta de Justicia y Paz y de los tribunales de Justicia y Paz frente a este tema”.
“Ahora, frente a la posibilidad de que esta persona regresara a Colombia y quedara en libertad, pues frente a esto, a través de un decreto presidencial, por ejemplo, como ocurrió con casos del ELN o suspensión de órdenes de captura frente a las disidencias, por ejemplo, que se les han levantado más de 70 órdenes de captura, en este caso no sería posible por la inexistencia de una ley de sometimiento que le permite al país poderlo hacer en el marco de lo que se ha venido planteando”.
Es decir que si hoy Salvatore Mancuso, que ya cumplió su pena en Estados Unidos, regresa a Colombia bajo la figura de gesto de paz “no” quedaría libre, subrayó el fiscal Barbosa.
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“Según lo que nosotros podemos determinar, existe una serie de hechos por los cuales el señor Mancuso tendría que responder. ¿Qué quiere decir eso? Se tendría que verificar judicialmente todo lo que él tiene que responder dentro del país para saber si en el marco de los procesos ordinarios podría o no podría salir, pero esa decisión, una decisión administrativa del presidente de la República a la luz de lo que hoy existe, es decir, de la imposibilidad de sacar personas que no pertenecen a grupos de carácter político, como en el caso de las autodefensas, hace que el señor Mancuso no pudiera salir de la prisión”, recalcó.
Francisco Barbosa manifestó que “en los primeros siete meses de este año vimos que hubo un intento de levantar o de solicitarle al fiscal general la suspensión de unas órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo, de Los Caparros y de otras organizaciones, diciendo que era necesaria para la paz. Verificamos los condicionamientos jurídicos existentes y observamos que no existía ningún tipo de sustento jurídico para hacerlo. Es distinto, para que la gente entienda, la solicitud de una libertad o una suspensión de una orden de captura del ELN o de las disidencias por el carácter político que tiene y porque la ley le permite al presidente solicitarlo. Frente a aquellos que no tienen carácter político, no lo puede hacer. En ese sentido, la última crítica que yo hice es que en el proyecto de humanización que se va a presentar al Congreso por parte del ministro de Justicia, existe una norma que permitiría que personas distintas a estos que tienen carácter político pudieran salir de la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se está buscando por parte del gobierno la idea de un sometimiento, pero que se haga bien, que se haga con un proyecto de ley. Al día de hoy no existe norma jurídica”.
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¿El gobierno jurídicamente no puede hoy nombrar a Salvador Mancuso gestor de paz?
“Son dos cosas: el presidente de la República ha venido nombrando gestores de paz. ¿Qué quiere decir? Esos gestores no necesariamente pueden lograr la libertad. Si usted pertenece a organizaciones que no tengan carácter político, en este caso concreto el señor Mancuso no lo es, ya lo definió la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la historia de justicia y paz, pues este señor tiene que seguir cumpliéndole a la justicia todos sus requerimientos”, señaló el fiscal general.
“Es decir, lo mismo que pasó con los del Clan del Golfo, es exactamente lo mismo. Ahora, lo que sí hay que aclarar en la opinión pública es lo siguiente, cuando se habla de este tema de Mancuso, la gente dice, bueno, que diga la verdad, pero yo le estoy diciendo a usted que hay 38.626 hechos delictivos que se le ha atribuido al señor Mancuso en los últimos 20 años y que al mismo tiempo ese señor ha dado versiones en la JEP y en la Fiscalía… Entonces, cuando se dice que le ayude al país a saber qué pasó, ya existen los mecanismos para saber qué pasó. Es que el señor Mancuso le ha hablado al país durante 16 años alrededor de todos estos temas. Lo pueden nombrar como quieran, le pueden dar el carácter que quieran, pero él está respondiéndole a la justicia y esta Fiscalía en los últimos tres años le ha imputado el 52% de los hechos delictivos que ha tenido este señor en el país, es decir, 20.295 hechos delictivos”, añadió.
Hace algunos meses un juez de ejecución de penas le concedió la libertad a prueba a Salvatore Mancuso, es decir, que cuando él llegara a Colombia iba a quedar aproximadamente cuatro meses en libertad, es decir, ¿la Fiscalía podría reactivar o podría pedir su captura por otros de esos 38.000 procesos que tiene aquí?
El fiscal Barbosa indicó que “se tendría que verificar toda la circunstancia, el proceso interno dentro de la Fiscalía alrededor de todos estos hechos delictivos, porque evidentemente se tendría que determinar si esa decisión del juez cobija o no cobija algunos de todos estos hechos delictivos que se le han atribuido al señor Mancuso. Lo cierto de todo esto es que, de todos modos, yo creo que es una decisión que le compete al presidente, pero que tiene, por supuesto, unos límites desde el punto de vista judicial en el país”.
Vea aquí la entrevista completa al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa:
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