Las cuentas pendientes de Salvatore Mancuso por miles de delitos de lesa humanidad en Colombia se dividen en cuatro capítulos. El primero, sus dos condenas por parte del tribunal de Justicia y Paz en 2014 a un máximo de 8 años por 1.500 delitos relacionados con masacres, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura.
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En estos casos, al exjefe paramilitar aún le falta cumplir el componente de reparación y verdad.
El segundo capítulo de sus cuentas pendientes es ante la justicia ordinaria: la Fiscalía lo acusa de lavado de activos después de su desmovilización, en alianza con la empresaria del chance Enilce López, con parte de su familia y otros implicados. Según el ente investigador, la alianza superó los 200 mil millones de pesos. Si esto se comprueba, sería excluido de Justicia y Paz y sometido a condenas de hasta 40 años de prisión.
El tercer capítulo tiene que ver con la puerta que tocó el mismo exjefe paramilitar ante la JEP, el otro sistema de justicia transicional creado tras los acuerdos con las FARC. Mancuso se ha presentado como tercero civil que financió la conformación de grupos armados ilegales, haciendo múltiples referencias al apoyo que brindó con las denominadas Convivir en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
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El capítulo final es sobre el ventilador que el mismo Mancuso ha prendido en recientes declaraciones, por las cuales se abrirían nuevos procesos, ya sea ante Justicia y Paz o la justicia ordinaria. Mancuso ha hablado de financiación y apoyo a campañas presidenciales, una de ellas sería la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en 2002.
También dice tener información sobre un complot desde el gobierno Uribe contra la Corte Suprema de Justicia para desprestigiarla, en el que asegura le pidieron su participación.
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Queda pendiente la entrega de supuestas grabaciones de Mancuso hablando sobre supuestos funcionarios del gobierno Uribe y militares que habrían apoyado los paramilitares, así como pruebas que dice tener de secuestros y asesinatos puntuales.
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