Sacrificaban animales enfermos y vendían su carne para proveedores del PAE: así delinquían

Este lunes, 16 de diciembre de 2024, las autoridades anunciaron la captura de 8 integrantes de una red criminal que, aparentemente, se dedicaba a sacrificar animales enfermos o en malas condiciones para después distribuir su carne programas de alimentación para estudiantes, cárceles y plazas de mercado.

Aunque la investigación todavía está en curso, los hechos habrían ocurrido en un matadero clandestino en la vereda Sasa, en Chiquinquirá, Boyacá. Se presume que los implicados harían parte de una estructura que sacrificaba reses, caballos y asnos, cuya carne no era óptima para el consumo humano, era vendida en municipios de Boyacá, Cundinamarca y proveedores de programas públicos.

"La estructura delincuencial, al parecer, disponía de animales enfermos y en malas condiciones, sin contar con los permisos de ley y en medio de condiciones precarias de salubridad", detalló el ente investigador.

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Daño ambiental y a la salud

La actividad del matadero ilegal en Boyacá estaba generando afectaciones en el suelo y a las fuentes hídricas cercanas, esto debido a los vertimientos de residuos. El material probatorio recogido indicaría que la carne obtenida de estos animales enfermos y en malas condiciones era embalada y trasladada a bodegas en Cota y Bogotá, sin mantener la cadena de frío.

"Desde allí, a través de un intermediario, presuntamente era vendida y distribuida a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios, plazas de mercado y establecimientos de comercio", señalaron.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) constató que el producto ofrecido no era apto para el consumo humano.

¿Quiénes son los capturados?

Según la Fiscalía, los capturados por las acciones delictivas relacionadas con un matadero ilegal cuya carne era distriubuida a proveedores del PAE e instituciones del Estado son Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes serían los administradores de cuatro bodegas de beneficio animal clandestinas.

Por el caso también fueron detenidos John Anderson Pineda Ortegón, sería trabajador de una de las bodegas; Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario; Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los administradores, mientras que los otros involucrados recibieron medida privativa de la libertad domiciliaria.

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