Robo de tierras baldías en Colombia: un fenómeno que causa deforestación y daño ambiental

El zarpazo que le están dando los grupos ilegales y terratenientes a los baldíos en Colombia se ha convertido en uno de los principales focos de deforestación. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en lo últimos 5 años el país perdió 900.000 hectáreas de bosque en tierras baldías, un territorio que equivale al departamento de Sucre.Las cifras causan preocupación: un poco más de 500.000 hectáreas fueron deforestadas y apropiadas en los últimos 5 años en la zona de amortiguación de Chiribiquete en la Amazonía.Allí han entrado más de un millón de cabezas de ganado. Se trata de tierras baldías de la nación, que son robadas y legalizadas para actividades agrícolas o ganaderas, así lo relata Rodrigo Botero, director para de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.“¿Cuál es el problema fundamental? Que el Estado colombiano no tiene un inventario detallado de las tierras baldías. No se sabe hoy por hoy dónde se encuentran, en qué estado y quién las tiene”, indicó Botero.Según el director, otro lío es que las áreas de ocupación ilegal son cada vez más grandes: “Hemos pasado en los últimos 5 años en los que el promedio máximo de lotes que se tumbaban estaban entre las 15 y 20 hectáreas, hoy tenemos unos que pasan de 100. Eso nos dice la cantidad de recursos que hay para ese proceso de apropiación”.Una situación grave es que el mismo Estado, con sus inversiones públicas en esas zonas usurpadas, termina legalizando las apropiaciones.“No está reaccionando de manera apropiada para focalizar la inversión pública en donde corresponde. En ese sentido, sí hay un estímulo perverso en hacer una inversión en donde se está dando una ocupación indebida”, expresó Botero.Además, sin información catastral reina la impunidad en el robo de baldíos a la nación, así lo cree Diego Trujillo, exprocurador ambiental.“Lo que se exige hoy es un acuerdo como el de Escazú, que busca transparencia e información pública accesible para todos”, comentó.Es urgente un registro nacional de la propiedad pública o, de lo contrario, seguiría reinando el caos, dice Trujillo: “Todo está en la concentración del subsuelo, porque quieren imponernos una economía extractivista de hidrocarburos, porque lo único que les interesa es la riqueza del subsuelo y nadie está controlando”.También, preocupa que, según los expertos, el artículo de la ley de delitos ambientales, que mostraba la relación efectiva entre los procesos de deforestación y apropiación de baldíos, ya fue demandado ante la Corte Constitucional.