Reviven investigación contra coronel de la Policía que lideró allanamientos tras muerte de Galán
Fiscalía también ratificó la decisión de prohibir la salida del país a dos altos oficiales, entre ellos el entonces comandante de la Dijín.
El asesinato del líder político Luis Carlos Galán motivó nuevas decisiones por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Para la Fiscalía, no fueron casualidad, negligencia ni ligereza las acciones que en cabeza del general Óscar Eduardo Peláez Carmona, director de la Dijín de la Policía, llevaron a desviar la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán, perpetrado en la plaza central de Soacha , Cundinamarca, la noche del 18 de agosto de 1989.
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Como parte del plan se capturó y enjuició a Alberto Júbiz Hazbún, quien -siendo inocente- estuvo privado de su libertad cuatro años por este crimen. Por eso el general no podrá salir del país hasta que el ente investigador resuelva si lo llama a responder en juicio.
Tampoco habría sido casualidad la actuación del entonces subcomandante de la Policía en Cundinamarca, coronel Argemiro Serna, de quien se dice se abstuvo de coordinar la seguridad de Soacha para la visita del candidato presidencial, pese a que existía una orden del director de la Policía Miguel Gómez Padilla de controlar el orden público y la seguridad en la plaza donde fue asesinado el líder liberal.
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De la estrategia, señala la resolución que resolvió la situación jurídica, participó el director del DAS de entonces, general Miguel Maza Márquez , con la debilitación de la seguridad del candidato.
Uno de los testimonios clave fue el del mayor Luis Felipe Montilla, quien acusó al general Serna de negarse a enviar refuerzos para cuidar a Galán, el hombre más amenazado por los carteles de la droga en esa convulsionada época.
También fue fundamental la versión de un cabo que dice que el general Argemiro Serna no solo ordenó que el grupo de contraguerrilla abandonara el lugar, sino que habría adulterado la minuta del comando de Soacha para simular un dispositivo de seguridad que nunca existió, presuntamente por orden del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.
Frente al caso de coronel Gentil Vidal Sarria, a quien le habían cerrado la investigación, la Fiscalía se la revivió por dudas y contradicciones sobre la forma en que coordinó los allanamientos que se hicieron tras el crimen del político.
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Estas se hicieron desde el 19 de agosto de 1989 en algunas de las propiedades de Rodriguez Gacha, que tenía en su nómina a varios policías de Cundinamarca.
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