Este lunes festivo se llevó a cabo la reunión entre Álvaro Uribe y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, un encuentro pactado para abordar temas como seguridad democrática, falsos positivos, tratamiento diferente a guerrillas y paramilitares, entre otros.
El expresidente Álvaro Uribe aseguró que no tiene "culpa" en los miles de asesinatos de civiles cometidos por militares durante la feroz lucha antiguerrillera de su gobierno.
"La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, (es) del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes", expresó el exmandatario (2002-2010) en una reunión con miembros de la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial que indaga sobre el conflicto de medio siglo con las extintas FARC.
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Unas 6.400 personas fueron ejecutadas por militares y presentadas como bajas en combate durante el gobierno de Uribe, según la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal surgido del pacto firmado con la insurgencia en 2016.
"Unos incapaces creían que producir resultados era producir crímenes", sostuvo Uribe durante el encuentro, que tuvo lugar en su residencia en el departamento de Antioquia (noroeste).
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En junio su exministro de Defensa y sucesor en la presidencia, Juan Manuel Santos , reconoció ante la comisión que estos crímenes ocurrieron por la "presión" del gobierno para dar resultados en la lucha contra la que fuera la insurgencia más poderosa del continente.
Varios militares han admitido ante la JEP su participación en asesinatos de civiles a cambio de días de descanso, viajes y otros beneficios.
El tribunal ofrece penas alternativas a la prisión a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas.
Según Uribe "a los militares los están forzando a reconocer delitos no cometidos en aras de proteger su libertad" en esta jurisdicción.
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Los expresidentes están exentos de responder ante la JEP, que impondrá penas de hasta 20 años a quienes no aporten verdad en sus procesos.
El pacto de paz fue rechazado inicialmente en una votación popular, pero fue renegociado y ratificado luego por el parlamento. Uribe sostiene que este proceso fue "ilegítimo".
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En reacción a la negación de Uribe del acuerdo, el máximo líder de la guerrilla convertida en partido político, Rodrigo Londoño, cuestionó "que la Comisión de la Verdad se preste para el proselitismo político de Uribe contra la paz".
"No hubo contribución efectiva a la verdad. Fue un acto vergonzoso", reclamó Londoño en Twitter.
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