Toda una polémica se ha generado luego de que el Gobierno le retirara las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión
por el delito de desaparición forzada en relación con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Mientras que las victimas lo aprueban, los oficiales en retiro dicen que hay una violación de derechos.
El Gobierno justificó el retiro de las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales en un decreto del 2015, que habla sobre los eventos en los que esos reconocimientos prácticamente se pierden. En este caso, quien hizo la solicitud de retirar las condecoraciones fue Helena Urán, familiar de uno de los magistrados inmolados.
“Esta persona ya fue condenada por la Corte Suprema, como ustedes bien lo saben. También saben que la Corte Interamericana condenó a Colombia por estos hechos y en la audiencia que tuvimos en la Jurisdicción Especial para la Paz él no reconoció absolutamente nada y, más aún se ufanó de sus medallas, y ahí fue que a mí me resultó un poco contradictoria la situación. ¿Cómo es que una persona que fue condenada por crímenes de lesa humidad y de guerra al mismo tiempo tiene sus condecoraciones?”, indicó Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán.
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Sin embargo, los generales en retiro señalan que esta es una violación de derechos. Según ellos, la Constitución legaliza estas distinciones.
“En el artículo 220 de la Constitución Nacional, se garantiza a los miembros de la fuerza pública su derecho a no ser privados de sus grados, honores y pensiones sino en los casos y del modo que determine la ley, y en la actualidad no se dispone de una norma que de manera expresa autorice al Ejecutivo o a cualquier otra autoridad judicial o administrativa a despojar de sus medallas y reconocimientos a los miembros de la fuerza pública en actividad o en la reserva”, señaló el general (r) Guillermo León, presidente de Acore.
El representante de las víctimas del Palacio de Justicia también se refirió al caso. “Creemos nosotros (que) hoy en día se debe hacer extensivo a otros miembros de la fuerza pública”, enfatizó el abogado Eduardo Carreño.
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El Gobierno respalda esta determinación en que el general (r) Arias Cabrales fue condenado en última instancia en la Corte Suprema y fue rechazado en la JEP por incumplir sus compromisos de verdad y reparación a las víctimas.
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