Algunos estudiantes rechazaron la decisión de Carlos Prasca e, incluso, pidieron su renuncia por presuntamente vulnerar su derecho a la protesta.
Por los disturbios registrados este jueves en las instalaciones de la Universidad del Atlántico en Barranquilla fueron capturadas 28 personas, 12 de los cuales no eran alumnos del alma mater y que deberán responder por daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
“Incendiaron dos salones de clases, luego arremetieron contra la rectoría, tumbaron computadores, reventaron cámaras y de ahí se dirigieron al centro cultural, robaron computadores, video beam, hicieron daños en los vidrios de entrada del segundo piso”, dijo el rector de la Universidad del Atlántico sobre los estragos causados por los manifestantes.
Ante los desórdenes protagonizados por encapuchados, que lanzaron piedras y bombas motolov, el directivo decidió autorizar la entrada de Esmad a la sede principal de la institución.
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Algunos estudiantes y ciudadanos mostraron su descontento ante el hecho, que, según ellos, vulnera sus derechos e incluso pidieron la renuncia de Prasca por el hecho.
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Otros justificaron la decisión.
“Sí estoy de acuerdo porque esto se ha prestado para mucho vandalismo con los mismos estudiantes, unos aprovechan las oportunidades y otros hacen protestas y no es la forma correcta”, dijo Jairo Arcila, habitante de Barranquilla.
El rector Prasca, por su parte, aseguró que volvería a autorizar el ingreso del ESMAD.
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“Si vuelven a suceder estos hechos, nuevamente permitiré el ingreso de la fuerza pública, no hay otra manera de combatir a los vándalos, no hay otra manera de combatir también un delito conexo que hay en la universidad como es el microtráfico”, expuso Carlos Prasca, rector de la Universidad del Atlántico.
Asimismo, aseguró que la suma dedaños por las protestas en el alma máter en este año asciende a los $1.500 millones.
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Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, justificó el procedimiento, pero dijo que se deben encontrar salidas pacíficas a este tipo de situaciones.
“Tengo unos sentimientos encontrados, estoy de acuerdo con los que manifiestan que no se debe utilizar la fuerza pública al interior de la universidad, pero no podemos permitir que la universidad sea víctima de un vandalaje que pone en peligro la infraestructura”, señaló.
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