Con un contundente llamado, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, solicitó al Gobierno nacional tomar decisiones frente a la grave situación de orden público que vive el departamento, además le hizo un duro reclamo al ministro de Defensa.

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Los vallecaucanos están pidiendo a gritos intervención, así lo aseguró la mandataria, quien advirtió que en el departamento el orden público escaló a otros niveles, por lo que solicitó al ministro Iván Velásquez atender la grave situación.

“Lo que se está incrementando: los homicidios, las tasas de extorsión, el secuestro. No puede ser una respuesta de un ministro de Defensa que no demos papaya. Entonces, no salgamos de la casa porque vamos a dar papaya. Sí necesitamos del Gobierno nacional y sí necesitamos que el ministro de Defensa venga a un consejo de gobierno de estos y nos escuche”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán.

La mandataria también cuestionó el avance del proceso de paz entre el Gobierno nacional y el ELN, pese a las acciones de esa guerrilla.

“Si hay un cese al fuego que sea de ambos lados, pero ¿cómo va a despedirse el ELN matando a dos policías sentados desayunando? ¡Por dios, qué tristeza! ¿Entonces, cuál es el acuerdo de paz por el que nos sentamos en la mesa?”, exclamó la gobernadora del Valle.

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Un llamado similar realizó el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, al denunciar que en zona rural de su municipio las disidencias de las FARC realizan presiones y extorsiones a los productores del campo.

“Bienvenida sea la paz, siempre y cuando, los grupos armados muestren la voluntad de construirla, esto significa el cese del delito y el cese de la extorsión a los palmiranos de la zona rural“, dijo Escobar.

La gobernadora del Valle del Cauca además pidió al Gobierno nacional blindar el proceso electoral y reveló que, en el departamento, ya se habla de sitios vetados para la inscripción de cédulas.

ELN LEVANTA PARO ARMADO EN CHOCÓ

"Anunciamos que a partir de las 00 horas del día 13 de julio 2023 levantamos el paro armado indefinido en la región del San Juan, Picajón y todo su afluente. Reafirmamos nuestro propósito de proteger la vida de sus habitantes y la defensa del territorio", explicó el Frente Ómar Gómez del ELN.

En total 52 comunidades resultaron afectadas, 41 afro y 11 indígenas, y cerca de 8.300 personas que "temen transportarse por vías terrestres y fluviales". También hay seis comunidades desplazadas, alrededor de 226 familias, unas 700 personas.