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Las autoridades de Antioquia buscan por tierra y aire a Oscar Camargo Ríos, alias Pichi, peligroso delincuente que se escapó de prisión domiciliaria luego de que le filtraran que un juez le había quitado el beneficio de casa por cárcel y el Inpec lo iba a llevar a una prisión de Itagüí.
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La fuga de este criminal ha desatado una fuerte controversia por la efectividad de los brazaletes electrónicos utilizados por el Inpec para monitorear a los privados de la libertad, poniendo en duda la capacidad de estos dispositivos, criticados por su vulnerabilidad y la falta de control.
Oscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el tema y mencionó que “nosotros como trabajadores penitenciarios sentimos indignación porque, cuando sale un escándalo de ese tamaño, los alcaldes, los gobernadores y la misma sociedad dicen que al Inpec se le voló. A los trabajadores penitenciarios los lapidan con este suceso. Ese señor (alias Pichi) fue investigado y le faltó dientes a la Fiscalía para que le imputara otros delitos. Ya teniéndolo ahí era fácil imputarlo, pero este es el debido proceso, esta es la justicia en Colombia”.
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Robayo dijo que los gobernadores y alcaldes politizan la fuga de alias Pichi con “sofismas y trinos maliciosos en contra del Inpec. Nuestro deber como trabajadores penitenciarios es defender nuestra posición y nuestra competencia legal”.
Según Robayo, “llevamos 14 años denunciando la ineficacia, la precariedad y lo costoso de estos brazaletes electrónicos. En este momento hay 60.000 personas privadas de la libertad con detención o prisión domiciliaria y solo 6.000 son los que tienen este beneficio”.
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Además, agregó que los brazaletes electrónicos del Inpec “son contratos al año de 70.000 millones de pesos que manejan algunas empresas. Se convierte en un monopolio. Unas empresas que convierten en uniones temporales son con las únicas que prestan estos servicios que no son eficaces para el cumplimiento de la pena. La detención domiciliaria es una medida de confianza que imparten los jueces a personas privadas de la libertad, pero los brazaletes no son efectivos, son costosos y no están cumpliendo con su función”.
El presidente de la UTP aseguró que los contratos de los brazaletes “están enriqueciendo los bolsillos de empresas privadas cuestionadas como Artix o Prepacol, que se convierten en uniones temporales y ganan este tipo de licitaciones. Sería bueno, después de que todo esto termine, que el Congreso evaluara sacar esta medida dentro del ordenamiento jurídico del derecho penal en Colombia”.
Oscar Robayo aseguró que la fuga de presos tan peligrosos, como alias Pichi, “no es algo nuevo. Hemos visto en Colombia cómo los privados de la libertad le han puesto el brazalete a un gato, se lo ponen a un familiar o lo dañan a propósito. No es un buen dispositivo de seguridad y vale una cantidad de plata exagerada. Entonces, no es efectivo y eso hay que evaluarlo. Eso viene de fondo, del Congreso, y de todo el engranaje judicial que tiene en Colombia. Esto está enriqueciendo a empresas privadas, que nosotros hemos descubierto que han patrocinado campañas políticas de partidos políticos en Colombia”.
Robayo señaló quiénes son culpables de la fuga de alias Pichi: “Los culpables son la persona que se fugó, y que se burló de la justicia, y la Fiscalía. La anterior Fiscalía no cumplía con su función de manera adecuada. Esto fue evaluado con la Fiscalía de Francisco Barbosa, que también trinó ayer, echándole la culpa al Inpec y al sistema penitenciario. Pero cuando están sentados ahí no toman en cuenta esa situación".
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Por último, el sindicalista indicó que también "hay que hacer una crítica bastante fuerte al alcalde Federico Gutiérrez: si sabía que Pichi estaba en uno de los barrios más prestigiosos de Medellín, ¿por qué no montó una vigilancia? La custodia no es solo del Inpec. Nosotros tenemos ciertas competencias y muchísimas falencias de personal, pero la Policía y la misma Fiscalía podrían prestar vigilancia a esto. Hoy sí se asombran porque se voló Pichi, pero ¿dónde están las medidas preventivas para evitar que esto pase? Eso depende de todos, no solo del Inpec.
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