Dolorosa radiografía de la desaparición forzada en Colombia, una de las peores armas de guerra

El sargento primero Jesús Alfonso Sol, la joven Carol Vanessa Gómez y el investigador del CTI Fabio Luis Coley hacen parte de los 80.631 desaparecidos del conflicto armado registrados en la base de datos del Centro de Memoria Histórica. Un delito convertido en una de las peores armas de guerra.

Sus familias comparten el mismo dolor causado, sin embargo, por actores diferentes del conflicto.

El esposo de Viviana Garay, el sargento Sol, desapareció a manos de las extintas FARC. En un informe reservado, la Fiscalía consignó que, de los más de 80 mil desaparecidos, 9.257 se le atribuyen a ese grupo.

En el caso de la desaparecida guerrilla, el ente investigador encontró que hay 8.284 investigaciones en curso, entre 1962 y 2016, con solo 22 sentencias en firme en justicia ordinaria contra 19 miembros de las antiguas FARC.

Pero la desaparición forzada no solo fue usada este grupo, los agentes del Estado también recurrieron a ese método y la hija de Margarita Restrepo aparece como una de sus presuntas víctimas.

“Es triste y lamentable una madre tener que decir esto hoy por hoy. Saber que el Estado era el que nos tenía que proteger y era el que estaba con vínculos de la fuerza pública, las cuales son protagonistas de todas las desapariciones que hubo en la Comuna 13”, señala Restrepo.

En otro informe, la Fiscalía reunió los casos de 657 presuntas víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado. De esos, 294 llegaron a investigación en la justicia ordinaria entre 1977 y 2015.

Pero, además de las acciones directas, el ente estableció que muchos de estos agentes trabajaron en asoció con paramilitares y no todos lo hicieron por convicción.

“En ocasiones las motivaciones se encuentran más ligadas o permeadas por intereses personales, como el dinero o la participación en los negocios ilegales. De hecho, en algunos procesos se registra el supuesto pago de remesas o salarios a los agentes del Estado por parte de las organizaciones ilegales", señala un documento.

El padre de Laura Coley, el investigador del CTI Fabio Luis Coley, es una víctima de esa complicidad entre agentes del Estado y paramilitares.

“Vamos a tener 20 años en donde no tenemos conocimiento, no sabemos el paradero de nuestro padre. Lo buscamos aún vivo o sus restos, pero no lo encontramos, está desaparecido”, cuenta Laura.

Para las familias de los desaparecidos, el dolor es igual sin importar quien lo causó.

La JEP aparece como una esperanza de verdad, pero hasta ahora ese tribunal aún no abre un macrocaso para investigar la desaparición forzada en el conflicto armado.