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Este 7 de octubre de 2024 se llevó a cabo la audiencia pública por medio de la cual la Corte Constitucional comenzó la discusión para determinar si se suspende la salvaguarda que permite que los departamentos tengan el monopolio del aguardiente, lo cual hace que no se venda el destilado de otras regiones en su territorio.
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La ley 1816 de 2016 permitió que se fijara un régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados. El objetivo de esta, en términos simples, es que la venta de estas bebidas alcohólicas generen recursos para los departamentos con la finalidad de financiar servicios sociales como la educación y la salud.
"Cada Departamento ejercerá el monopolio de distribución y comercialización respecto de los licores destilados que produzca directamente", especifica la ley.
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Pese a esto, algunos argumentan que esta medida no permite que los consumidores elijan libremente el tipo de aguardiente que desean tomar y va en contra de la libertad económica.
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La Corte Constitucional tiene en sus manos la importante tarea de decidir si la gente puede consumir cualquier tipo de aguardiente, independientemente de donde este se produzca.
Los demandantes argumentan que esto "conducirá a una explosión positiva de la industria licorera, a una innovación inédita de sus productos y a una dinamización del mercado".
Los incisos del artículo 28 de la ley 1816, por medio del cual que los departamentos ejerzan el monopolio de la producción y da la facultad para suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardientes en sus respectivas jurisdicciones, los puntos sobre los cuales se tiene puesta la lupa.
Sin embargo, no todos han estado de acuerdo con este punto de vista, pues gobernantes como los del Valle y Cundinamarca manifestaron su deseo de mantener el monopolio, pues este les genera importantes dividendos para el territorio.
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"Eso puede generar una reestructuración, el perder casi 2.000 empleos, entre directos e indirectos, y eso también afectaría´las rentas del departamento... estamos protegiendo nuestro monopolio, que esos son las rentas de las cuales vivimos", expuso Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.
Por su parte voceros como el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, defiende que se haga la apertura del mercado del aguardiente, cuestionando si no deberían ser los ciudadanos quienes deberían tener la capacidad de elegir libremente, sin imposiciones o restricciones, el destilado que desean consumir.
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