Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes están detrás del incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá . Las primeras hipótesis señalan al ELN y disidencias de las FARC como presuntos responsables.
Estos grupos estarían interesados en destruir procesos penales que se llevan en su contra por homicidio, secuestro, reclutamiento de menores y extorsión.
"Esto muy posiblemente estaba programado, planeado, muy seguramente con el fin de generar zozobra en la comunidad, generar los hurtos y muy posiblemente desaparecer las evidencias que se mantienen en estos procesos penales en estos juzgados”, dijo el general Juan Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
La información recopilada y que será entregada al ministro de Defensa, Diego Molano, señala que alrededor de 10 mil procesos y expediente fueron incinerados.
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"En esta jurisdicción delinque el (Grupo Armado Organizado Residual) GAOR Dagoberto Ramos y la estructura Jaime Martínez, podemos verificar y posiblemente sea un interés criminal de desaparecer los procesos, incinerar los procesos que se adelantaban en estas autoridades judiciales", declaró Rodríguez.
Según las autoridades, los grupos urbanos, tanto del ELN como de las disidencias, se habrían encargado de planear lo ocurrido en Tuluá.
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"Son hechos totalmente criminales que rayan con hechos terroristas, tiene que ver con la incineración del Palacio de Justicia donde teníamos más de 22 juzgados, de igual manera el daño en 18 locales comerciales, entre ellos, concesionarios de motocicletas, entidades financieras, daños a la DIAN y la gobernación del Valle", señaló el oficial.
La Policía anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que lleve al paradero de los responsables de este ataque, mientras se anunció la captura de nueve personas por todos los hechos ocurridos en esta ciudad.
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