Arauca se ha convertido en el centro de la guerra territorial entre grupos armados, las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. Las autoridades refuerzan las operaciones por ubicar a alias ‘Antonio Medina’, un hombre cuya recompensa por información sobre su paradero subió de 80 a 1.000 millones de pesos.
‘Antonio Medina’, objetivo militar del Ejército, es buscado por los delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desplazamiento y terrorismo.
El cabecilla del frente 28 de las disidencias de las FARC se ha encargado, dicen agentes de inteligencia, de contratar miembros de bandas delincuenciales para cobrar las extorsiones e incluso efectuar atentados en Arauca, Casanare y otras zonas del país.
Su guerra territorial por manejar las economías ilícitas hoy es contra alias ‘Pablito’, del ELN. Hasta hace poco se dividían las victimas a extorsionar, pero ahora esas mismas personas tienen que pagar el doble para poder vivir en paz.
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“Se han incrementado las informaciones de inteligencia que nos han permitido conocer y establecer los movimientos, los pasos, la ubicación que viene haciendo el bandido ‘Antonio Medina’ en territorio venezolano. Asimismo, también nos ha permitido establecer un dispositivo ofensivo sobre los puntos de paso, sobre las áreas críticas”, señaló general Jorge Eduardo Mora, comandante de la Octava División del Ejército.
Hoy en Arauca estos dos criminales cobran para que transportadores de carga, alimentos, transporte público y particulares puedan circular por las vías que conectan los municipios.
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Una de sus acciones está grabada en video. Amenazó a los arquitectos y trabajadores que construían un colegio en Támara, Casanare.
“La obra del mega colegio en Támara debe ser interrumpida. Todo aquel que trabaje en esa obra como obrero, volquetero, que lo siguen haciendo correrán riesgo y no estamos hablando por hablar”, dijo el cabecilla en la grabación.
Alias ‘Antonio Medina’ volvió a las disidencias después de que en 2018 la JEP le otorgará un indulto.
En el paso fronterizo entre Arauca y Venezuela se han reforzado los controles de inspección, seguimiento y revisión de documentos para evitar el ingreso ilegal de disidentes de las FARC que viven y delinquen desde Venezuela.
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