Es crítica la situación en Tarazá, en Antioquia, donde encapuchados quemaron un peaje ubicado en la troncal que va de Medellín a la costa Atlántica, además de destrozar el acueducto del municipio, dejando a miles de ciudadanos sin acceso al agua potable, hechos que se registran en medio del paro minero, el cual ya completan 12 días.
Ejército y Policía llegaron hasta el peaje vandalizado para resguardar el paso de los vehículos en esa zona del Bajo Cauca antioqueño, entre ellos una ambulancia que trasladaba a un paciente que tenía una afección cardiaca.
Residentes de Tarazá, como Paula Posada, afirman que “la gente de esta región trabaja para el diario, su desayuno, su almuerzo, su comida, y no tienen cómo salir a trabajar, están aguantando hambre. Hay personas enfermas porque no tienen cómo acceder a sus medicamentos de control”.
“Estamos secuestrados en nuestras casas”, afirma.
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Denuncia además que en Tarazá “los niños que se alimentan del PAE, que muchos de ellos tienen solamente una comida al día, no tienen esa comida. Los niños están desescolarizados”.
Los encapuchados cometieron varios hechos vandálicos el fin de semana en el Bajo Cauca antioqueño, dos de ellos relacionados con ambulancias que incendiaron en los municipios de El Bagre y Caucasia, en Antioquia.
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Una de esas transportaba a una mujer que estaba en labor de parto y que, pese a su estado, fue obligada a bajar del vehículo incinerado.
Imágenes muestran incluso cómo los encapuchados jugaban con las camillas de las ambulancias.
Los bloqueos en el Bajo Cauca antioqueño han dejado sin alimentos y medicamentos, como oxígeno, a las poblaciones de la zona.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, así como el presidente Gustavo Petro, han señalado que detrás de estos ataques estaría el criminal Clan del Golfo.
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"Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo: no tiene voluntad de paz", recalcó el jefe de Estado luego de un Consejo de Seguridad realizado en la localidad de Montelíbano, en Córdoba.
Allí, el presidente Petro, varios de sus ministros y autoridades de la región analizaron la situación de orden público a raíz de los hechos violentos ocurridos en las últimas horas en Antioquia.
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El gobernante colombiano agregó que ninguna organización puede acercarse al Ejecutivo a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico "si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales" como la minería o el narcotráfico.
"La paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal y toda agrupación que quiera acercarse al Estado, y en este caso al poder Judicial, debe tener eso absolutamente claro. Ni el Gobierno ni el Estado son para engañar", agregó.
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