Decenas de defensores de derechos humanos, líderes sociales y habitantes de Pereira llegaron hasta el batallón San Mateo -donde continúan los procesados- para rechazar el abuso sexual del que fue víctima una niña de indígena de 12 años.
“Exijo que nos los manden a nuestra Justicia y nosotros procedemos a cumplir nuestra justicia propia o, si no, le pido a la justicia ordinaria que los manden a una cárcel civil”, sostuvo Juan de Dios Queratama, gobernador indígena.
Igualmente, continuaron las críticas por la imputación realizada a los militares.
“Los cargos que se le imputan a los soldados por acceso carnal abusivo no corresponden con lo que debería ser, que es el acceso carnal violento”, afirmó Gina Arias, coordinadora de Ruta Pacífica de las Mujeres en el Eje Cafetero.
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En el mismo sentido se pronunciaron varios juristas.
“Viola los protocolos internacionales para el manejo de las víctimas de delitos sexuales, pues niega la verdad de lo sucedido, es decir, que la niña fue víctima de violencia por parte de los soldados”, expresó Camilo Burbano, abogado penalista.
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Hasta el propio gobierno nacional sentó su posición.
“Respetamos la autonomía judicial, en este caso la autonomía de la Fiscalía General, pero sin duda se trata de un acto violento”, señaló Juanita López, viceministra de Justicia.
El fiscal Francisco Barbosa respondió a la controversia: “Este es el país de palo por que bogas y palo porque no bogas. Este es el país de ‘cójanlo cójanlo’ y luego ‘suéltenlo suéltenlo’.
En medio de todo, la familia de la menor embera advirtió que tiene miedo de regresar a Pueblo Rico y pidó protección especial de las autoridades.
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